En el marco de su política de ajuste al sector público, el Gobierno de Javier Milei anunció la disolución de tres nuevos fondos fiduciarios: el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (FFVS). La medida fue oficializada a través de un decreto que justifica la decisión en el cumplimiento de los objetivos de algunos programas y en irregularidades detectadas en otros.
El FFVS, destinado a financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, fue cuestionado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Según el organismo, no se acreditó la devolución de fondos correspondientes a obras rescindidas y se detectaron obras terminadas sin la rendición final de cuentas por parte de los entes ejecutores.
En el caso del PRODAF, el Gobierno argumentó que el fideicomiso ya había cumplido con sus objetivos, según lo informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. En cuanto al FFSU, creado mediante la Ley 27.078 para promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) mediante aportes de los licenciatarios de servicios, el decreto señala irregularidades en la aprobación de proyectos, algunos de los cuales no cumplían con los requisitos normativos.
En línea con estos argumentos, el Gobierno consideró «oportuno» avanzar con la disolución de los fondos, derogando las normativas que los habían creado. La medida se respalda en el artículo 5° de la Ley 27.742, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de modificar o liquidar fondos fiduciarios públicos.
Antecedentes de las disoluciones
Desde el inicio de su gestión, Milei ha implementado una auditoría exhaustiva sobre los fondos fiduciarios, que derivó en la eliminación de varios de ellos. Entre los primeros se destacó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, creado por el gobierno de Alberto Fernández para reforzar las finanzas bonaerenses. Asimismo, se ajustó el financiamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), utilizado para la urbanización de barrios populares, que pasó de recibir una tercera parte del 30% del impuesto PAÍS a apenas el 1%.
Otras disoluciones recientes incluyen fideicomisos relacionados con la promoción de capital emprendedor, la asistencia a víctimas de trata, la competitividad del sector azucarero en el NOA, la refinanciación hipotecaria y la inversión estratégica.
El avance sobre los fondos fiduciarios se alinea con la promesa de Milei de reducir el gasto público y desmontar estructuras que considera innecesarias o ineficientes. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones sociales, sectores productivos y analistas advierten sobre el impacto que estas medidas podrían tener en áreas clave como la vivienda, la tecnología y el desarrollo rural, especialmente en regiones vulnerables.
