El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la licitación internacional para la provisión de caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el puerto de San Antonio Oeste, una obra estratégica para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), y se involucró de lleno en una controversia que enfrenta al Gobierno nacional con el Grupo Techint y reaviva el debate sobre apertura comercial, costos productivos e industria nacional.
El conflicto se desató luego de que Tenaris, la filial del holding que encabeza Paolo Rocca, quedara fuera de la compulsa internacional impulsada por el consorcio energético Southern Energy, que prevé la compra de unos 480 kilómetros de tubos para un gasoducto clave en el esquema exportador. En total se presentaron 15 ofertas de empresas de Argentina y del exterior, provenientes de países como España, China, India, México, Japón y Turquía. Finalmente, la adjudicación quedó en manos de la firma india Welspun, que ofertó alrededor de USD 203 millones, con condiciones de pago y garantías más flexibles, un monto cercano a un 40% inferior al presentado por Tenaris.
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Desde Mar del Plata, donde encabezó actividades oficiales, Milei defendió la decisión y rechazó cualquier planteo para pagar precios más altos en nombre del “compre nacional”. En redes sociales, el Presidente cuestionó con dureza a quienes criticaron la apertura de importaciones y sugirió que detrás de esas objeciones hay intereses sectoriales. La postura oficial fue reforzada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien argumentó que aceptar una oferta 40% más cara habría significado menor rentabilidad del proyecto, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones, además de un eventual impacto en el precio de la energía para empresas y consumidores.
Para el Gobierno, la licitación se resolvió priorizando eficiencia de costos, competencia y respeto por las reglas de juego. Sturzenegger también rechazó la posibilidad de otorgar a Techint un derecho de preferencia para igualar la oferta ganadora una vez conocidos los precios, al sostener que ese mecanismo desalienta la competencia futura y daña la credibilidad de las licitaciones internacionales. En ese marco, el Ejecutivo no prevé modificar el contrato con Welspun y sostiene que honrar los procesos y contratos es clave para el desarrollo a largo plazo de Vaca Muerta.
Del otro lado, Techint evalúa avanzar con una denuncia por dumping ante los organismos competentes, al considerar que la empresa india incurre en competencia desleal, en parte por el presunto uso de chapa de origen chino para la fabricación de los tubos. La eventual presentación ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) podría demorar o incluso paralizar una obra considerada central para el plan exportador de gas a partir de la próxima década.
La tensión no solo expone el choque entre el Gobierno y uno de los grupos industriales más importantes del país, sino que también genera inquietud en el sector productivo. La Unión Industrial Argentina evitó pronunciarse formalmente, aunque fuentes de la entidad calificaron el caso como “un conflicto entre privados” y advirtieron sobre la necesidad de una resolución rápida y responsable para no afectar una obra estratégica en términos de competitividad energética, inversiones y empleo. Al mismo tiempo, remarcaron la importancia de reglas claras, respeto institucional y diálogo.
La discusión también abrió interrogantes en torno al impacto de la apertura comercial sobre la industria nacional y los costos estructurales que enfrenta el sector siderúrgico argentino. En ese contexto, surgieron preocupaciones por el futuro de la planta de Siat Tenaris en Valentín Alsina, donde trabajan unos 400 empleados, tras quedar fuera de la fabricación de los caños del primer gasoducto argentino orientado a la exportación de GNL.
Mientras el consorcio Southern Energy —integrado por YPF, Pan American Energy y Pampa Energía— avanza con un plan de inversión estimado en unos USD 15.000 millones en Río Negro, el debate sigue abierto. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar costos competitivos y previsibilidad para atraer inversiones. Para Techint y parte de la industria local, la licitación expone los límites de la apertura comercial en un país con altos costos productivos y pone en juego capacidades industriales estratégicas. La resolución del conflicto será clave para definir no solo el futuro del gasoducto, sino también el equilibrio entre eficiencia económica e industria nacional en la nueva etapa del sector energético argentino.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
