El Gobierno de Javier Milei oficializó la venta y disposición de más de 300 terrenos y edificios públicos a través del Decreto 950/2024, publicado en el Boletín Oficial y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No obstante, en conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que la cifra de inmuebles a disposición supera los 400 y precisó que también incluirá propiedades incautadas en causas de corrupción y narcotráfico. Según Adorni, las primeras ventas están previstas para antes de fin de año, y entre los inmuebles a subastar se encuentra el edificio que anteriormente albergó al ex Ministerio de Mujeres.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será la encargada de llevar a cabo el proceso de subasta pública de estos bienes, y en los próximos meses se irán publicando las convocatorias en el sitio oficial de la AABE. Según informaron fuentes oficiales, las primeras subastas comenzarán antes de fin de año, y la expectativa de la administración es ir escalando estas operaciones a lo largo del próximo año, en un proceso progresivo que abarcará distintas propiedades ubicadas en varios puntos estratégicos del país.
Las autoridades describen la medida como un intento de optimizar el uso de recursos y asegurar que el espacio estatal esté alineado con las necesidades reales de la administración pública. El vocero presidencial explicó que la decisión refleja la visión de la administración actual de minimizar los gastos innecesarios, incluyendo los altos costos de mantenimiento de ciertas propiedades que, en opinión del Poder Ejecutivo, ya no cumplen un rol esencial en el funcionamiento estatal.
Propiedades Clave en Zonas Estratégicas
El listado de propiedades que se subastarán es amplio y heterogéneo. Entre ellas se encuentran terrenos en zonas estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades relevantes del país. Uno de los casos más destacados es el del histórico edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la avenida Cerviño, en una de las áreas más exclusivas de Buenos Aires. Este inmueble, que cuenta con una superficie de 3.030 metros cuadrados, actualmente alberga a unos 148 empleados del INTA y de la empresa mixta INTeA S.A. También es sede de la Fundación ArgenINTA y contiene equipamiento tecnológico relevante.
El Gobierno justificó la venta del edificio del INTA argumentando que el uso del espacio no cumple con los lineamientos del “Manual de Estándares de Espacios de Trabajo” de la AABE. Según este manual, el área destinada a estas funciones debería ser de, al máximo, 1.184 metros cuadrados, y el cálculo de la agencia indica que solo se está utilizando una porción de la superficie asignada. Además, se argumentó que la custodia de este inmueble implica un gasto significativo para la Policía Federal, por lo que se decidió relocalizar al personal y el mobiliario para optimizar su uso.
Otro inmueble importante que será subastado es un predio de 5.233,94 metros cuadrados en la avenida de los Italianos, donde actualmente se desempeña el área de Ciberseguridad del Estado. En este espacio, que alberga a unos 45 empleados, también se cuestiona la adecuación del inmueble a los estándares de la AABE, los cuales establecen que cada empleado debería ocupar entre 8 y 12 metros cuadrados. La venta de esta propiedad se llevará a cabo con toma de posesión diferida, permitiendo que el equipo de Ciberseguridad continúe operando hasta que se concrete su mudanza.
Polémica por la Venta de Edificios Históricos
Una de las ventas que más controversia ha generado es la del edificio que fue sede del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba, en el barrio de San Telmo. Esta propiedad, valorada en más de 12,5 millones de dólares, fue mencionada específicamente por el vocero presidencial como parte de lo que definió como una “batalla cultural”. En su intervención, Adorni ironizó sobre el presupuesto que este ministerio manejó en 2023, que superaba los 54 mil millones de pesos, y comentó que, pese a los esfuerzos y los recursos invertidos, los resultados de las políticas de igualdad de género que promovía el anterior gobierno no fueron satisfactorios.
La decisión de vender este edificio se suma a un contexto de recorte de diversas áreas del Estado que, según la actual administración, eran fuentes de gastos innecesarios y no contribuían significativamente a la eficiencia del aparato estatal. Esta “batalla cultural”, como la define el oficialismo, tiene una fuerte connotación ideológica, ya que la medida se presenta como una ruptura con ciertas políticas que consideran contrarias a la eficiencia que pretenden instaurar en la administración pública.
Propiedades en todo el País
Además de los inmuebles en Buenos Aires, la subasta incluye importantes predios en otras ciudades, como Rosario. En esta ciudad santafesina, los terrenos que se pondrán a la venta comprenden áreas de las líneas ferroviarias Mitre y Belgrano, ubicadas en la costanera central y en Puerto Norte, zonas rodeadas de edificios de alta gama y con un gran valor de mercado debido a su proximidad al río Paraná. La totalidad de los predios ferroviarios en Rosario que el Gobierno espera vender alcanza una superficie de 80,564.78 metros cuadrados.
El proceso de venta de estos inmuebles será gradual. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno se basará en varios decretos previos que habilitan la disposición de estos bienes, entre los cuales se encuentran los decretos Nros. 952/16, 1064/16, 1173/16, y otros emitidos entre 2016 y 2019. Los interesados podrán solicitar información adicional y suscribirse para recibir alertas sobre las fechas de inicio de cada subasta. La AABE también considera la posibilidad de ceder algunos de estos inmuebles en derecho real de superficie, una figura jurídica que permite transferir el uso de la propiedad por un plazo de hasta 70 años, manteniendo la titularidad en manos del Estado.
En su presentación, Adorni también informó que, además de los más de 400 inmuebles estatales, se pondrán a la venta bienes decomisados en causas de corrupción y narcotráfico. Esta decisión se enmarca en la política de monetizar activos incautados en procesos judiciales que involucran actos delictivos, aprovechando la figura legal para integrar estos activos al patrimonio estatal y ponerlos a disposición del público mediante subasta.
Exclusión de Establecimientos Militares
En contraste, el Gobierno ha decidido excluir de esta política de venta ciertos establecimientos militares que considera estratégicos. Tres predios pertenecientes a las fuerzas armadas no formarán parte de la subasta: el predio “General Paz” en Ordoñez, Córdoba; el “Teniente General Cáceres” en Santo Tomé, Corrientes; y el “Campo Los Andes” en Tunuyán, Mendoza. Esta decisión, que algunos analistas interpretan como un guiño político hacia las fuerzas armadas, refuerza el mensaje de que no todos los bienes del Estado están en la mira de las actuales políticas de reducción patrimonial.
La venta masiva de inmuebles públicos es una medida que suscitó diversas opiniones y plantea un nuevo modelo de gestión de los activos del Estado. Para algunos analistas, esta política refleja una tendencia hacia la privatización y el recorte de la estructura estatal, mientras que para otros constituye una estrategia necesaria para enfrentar la crisis económica. La administración de Javier Milei defiende la medida como un camino para asegurar una gestión más eficiente de los recursos públicos, alineada con el compromiso de reducción del gasto estatal.
Con las primeras subastas previstas para fin de año, el proceso de venta de inmuebles promete ser un tema de debate constante en la agenda pública, ya que afecta no solo al patrimonio del Estado sino también al acceso y la organización de los servicios públicos en distintos puntos del país.
