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En un contexto económico donde la incertidumbre tiende a marcar el ritmo de las decisiones, hay una inversión que permanece como sinónimo de solidez y previsibilidad: el ladrillo. La propiedad, entendida como un bien tangible, sigue siendo una de las apuestas más elegidas por quienes buscan estabilidad a largo plazo. Más aún, para muchas personas, especialmente padres y madres con capacidad de ahorro, representa mucho más que una simple adquisición financiera. Es una forma de resguardar el capital, proyectar un legado y asegurar el futuro familiar.

En un contexto económico signado por la escasez de dólares, una economía informal en expansión y una política fiscal con foco en la desregulación, el Gobierno Nacional publicó una nueva resolución que modifica de forma sustancial el umbral a partir del cual deben reportarse ante la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones inmobiliarias. Esta medida, que se inscribe dentro de un paquete más amplio de incentivos para repatriar capitales no declarados, eleva de forma significativa los montos mínimos de compraventa que deben ser informados a dicho organismo.

En un contexto económico marcado por la inflación persistente, las dificultades para acceder a una vivienda propia y la reciente reaparición de líneas de crédito hipotecario ajustadas por UVA, miles de familias argentinas vuelven a enfrentarse a una vieja pero crucial disyuntiva: ¿seguir alquilando una propiedad o endeudarse a largo plazo para comprar un inmueble?

La reciente modificación del umbral de reportes automáticos de operaciones inmobiliarias impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), a través del Decreto N.º 353/2025, ha provocado un sacudón significativo en el mercado inmobiliario argentino.