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El sector de la construcción atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años, afectado por la paralización de la inversión estatal y la caída de la obra pública. Los niveles de empleo se ubican en torno a los de la pospandemia, mientras que los especialistas advierten que el impacto de la crisis va mucho más allá: la construcción sigue siendo un motor clave para reactivar la demanda interna, incluso por encima del efecto de la baja de tasas o la recomposición del crédito.

Los trabajadores de la construcción que se desempeñan en obras dentro de yacimientos petroleros y gasíferos tendrán en noviembre de 2025 las mismas escalas salariales que en octubre. Así lo establece el acuerdo paritario celebrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 545/08, que rige específicamente para actividades constructivas relacionadas con hidrocarburos en todo el país.

El financiamiento para acceder a la vivienda es uno de los principales desafíos para miles de personas que buscan su casa propia o aspiran a invertir en proyectos inmobiliarios en etapas tempranas. En ese contexto, el Gobierno avanzó con una medida clave: fijó los requisitos para registrar hipotecas divisibles, una herramienta que apunta a impulsar el acceso a créditos hipotecarios aplicables a propiedades en construcción o lotes, incluso antes de la subdivisión definitiva.

Un nuevo régimen normativo comenzó a regir desde julio y abrió la puerta a una operatoria largamente esperada en el mercado inmobiliario: la posibilidad de registrar boletos de compraventa y aplicar hipotecas divisibles sobre unidades en construcción. El esquema habilita, en teoría, el acceso al crédito hipotecario para la compra de propiedades “al pozo”, modalidad común en desarrollos inmobiliarios pero históricamente fuera del alcance del sistema bancario tradicional.