La 70° edición de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), celebrada recientemente en Buenos Aires, se convirtió en una radiografía cruda y precisa del estado actual de uno de los sectores más dinámicos —y hoy golpeados— de la economía nacional. Con una concurrencia marcada por el desencanto, pero también por el intento de supervivencia empresarial, el encuentro dejó al desnudo un escenario en el que la parálisis de la obra pública, la pérdida masiva de empleo y el desconcierto institucional amenazan con desmantelar años de avances en infraestructura.
En ese marco, Ariel Maciel, periodista especializado en economía y editor en Editorial Perfil, ofreció su análisis en diálogo con este medio. A través de una lectura profunda de los datos y del clima que se vivió entre los empresarios durante el evento, Maciel describió un sector “en pausa prolongada” y con perspectivas de reactivación aún muy lejanas.
Una sangría que aún no se detiene
“La caída del sector es mucho más que un ciclo”, afirma Maciel. “Desde julio-agosto de 2023 hasta el mismo período de 2024, se perdieron unas 7.000 empresas vinculadas a la construcción y más de 120.000 puestos de trabajo”. El dato, de por sí demoledor, revela una transformación estructural en la cadena de valor constructiva, y no solo una retracción temporaria.
Lo más llamativo, según el periodista, es que desde agosto del año pasado hasta la fecha la situación se mantiene estancada, sin nuevas caídas, pero tampoco con señales visibles de repunte. “Básicamente no hubo más pérdidas, pero tampoco hubo ni un poco de recuperación”, enfatiza Maciel.
Este estancamiento plantea un problema de fondo: un sector clave de la economía se encuentra suspendido entre el daño acumulado y la incertidumbre futura, con efectos colaterales que impactan directamente sobre la producción nacional, el empleo formal y el entramado de empresas regionales.
El repliegue del Estado Nacional
Uno de los puntos más debatidos en la convención fue la paralización de la obra pública nacional, que, según exponen los empresarios y especialistas, ha sido prácticamente total. Maciel describe este fenómeno como una decisión política deliberada que el Gobierno incluso “festeja” en ciertos círculos, aludiendo a la reducción del déficit y el repliegue del gasto público como metas prioritarias.
“El Estado nacional desactivó gran parte de las obras y trasladó la responsabilidad a las provincias”, señaló el periodista, quien además remarcó que esta nueva lógica fiscal deja a muchas constructoras directamente a la deriva, sin contratos ni planes de contingencia.
En contraste, las provincias y los municipios han mantenido, dentro de sus posibilidades, un ritmo relativamente más alto de obra pública, aunque limitado por presupuestos que también sufren recortes. Esto ha generado una asimetría profunda entre jurisdicciones: mientras algunas provincias pueden mantener ciertos frentes de trabajo abiertos, otras han visto sus obras desmanteladas por completo.
Cuatro obras en todo el país
El diagnóstico que surge de la convención no deja lugar a dudas. “Hoy solo hay cuatro obras públicas nacionales en ejecución en todo el país”, explicó Maciel. Se trata de emprendimientos de baja escala, localizados en Tucumán, en una zona limítrofe entre Santiago del Estero y Catamarca, en Chaco y en Pinamar. “Todas con montos muy bajos”, agregó.
Esta escasa actividad contrasta con las necesidades de sectores clave para el desarrollo argentino, como Vaca Muerta, la minería y el agro, que dependen de obras de infraestructura básicas para poder ampliar su capacidad de producción y logística.
En este sentido, Maciel destaca que incluso los sectores que el Gobierno considera estratégicos —y a los que señala como sus “socios” en el crecimiento económico— están reclamando obras que no llegan. “La obra privada puede tener cierto dinamismo, pero hay límites estructurales. Para sacar la producción, hace falta infraestructura: rutas, trenes, puertos, energía”, subrayó.
Vaca Muerta: crecimiento a medias
Uno de los casos paradigmáticos es el de Vaca Muerta, la formación geológica de shale oil y gas ubicada en Neuquén, que representa una de las mayores apuestas productivas del país. Según Maciel, el sector privado mantiene una dinámica de inversión relativamente activa en esa zona, pero sus propios actores están demandando obras públicas clave para mejorar la logística y reducir costos.
“Vaca Muerta necesita rutas, gasoductos, tendidos eléctricos y obras de urbanización para las ciudades que rodean los campos productivos”, detalló. Sin esa infraestructura, el potencial de expansión se ve limitado, y los costos de extracción y transporte se elevan peligrosamente.
La paradoja es evidente: mientras el Gobierno promueve a Vaca Muerta como emblema de su modelo exportador, desatiende las obras necesarias para que ese modelo sea viable a gran escala. El resultado es una tensión constante entre la retórica del desarrollo y la política de ajuste.
Minería y agro, los otros sectores clave
Un panorama similar se presenta en la industria minera, especialmente en el norte argentino, donde los proyectos de litio y cobre están en franco crecimiento, pero chocan con la falta de infraestructura vial, energética y habitacional.
“El litio es otro de los motores que el Gobierno mira con buenos ojos, pero sin caminos, sin servicios y sin conectividad no se puede avanzar”, explicó Maciel. A esto se suma el reclamo de las comunidades locales, que exigen que los proyectos extractivos sean acompañados por obras que mejoren la calidad de vida en los territorios.
En el caso del agro, la situación no es diferente. Aunque menos visible, la infraestructura rural —especialmente en caminos, canales y electrificación— también está prácticamente detenida. Esto dificulta la llegada de la producción a los centros de acopio y exportación, aumentando los costos logísticos y reduciendo la competitividad.
Desempleo y efecto social
Uno de los datos más alarmantes que se discutieron durante la convención fue el impacto social de la crisis en la construcción. Según los registros cruzados entre el INDEC, la UOCRA y los informes privados del sector, se perdieron más de 120.000 puestos de trabajo registrados entre mediados de 2023 y 2024.
La caída no solo golpea a los grandes centros urbanos, sino también a decenas de localidades del interior del país, donde muchas veces la obra pública era la principal fuente de empleo formal. En muchos municipios, la interrupción de obras significó el cierre de empresas familiares y pymes, que quedaron sin contratos y con deudas impagables.
Este escenario, además, impacta directamente sobre la recaudación fiscal, el consumo interno y la estabilidad social, configurando un círculo vicioso difícil de revertir sin una estrategia de reactivación.
La reacción del empresariado
Durante la convención, el tono del empresariado fue medido, pero claramente crítico. “Los constructores saben que no están en el radar del Gobierno”, comentó Maciel. Sin embargo, muchos de ellos intentan mantener canales de diálogo abiertos con los gobiernos provinciales e incluso explorar nuevos nichos de negocio en la obra privada.
En algunos casos, se han comenzado a ver alianzas entre desarrolladores privados y municipios para avanzar en proyectos mixtos, aunque estos casos aún son excepcionales. “Hay mucha creatividad y voluntad, pero sin financiamiento ni reglas claras es difícil avanzar”, opinó el periodista.
En paralelo, varios referentes del sector manifestaron su preocupación por la falta de previsibilidad fiscal y regulatoria, lo que impide planificar inversiones a mediano plazo. La incertidumbre en torno a los precios, los contratos, el financiamiento y la macroeconomía en general, profundiza la parálisis.
Una oportunidad desperdiciada
Lo que quedó claro tras la convención es que el país está desaprovechando una oportunidad histórica. En un contexto global donde las materias primas vuelven a tener protagonismo, y donde la transición energética requiere de recursos como el litio, el gas y los alimentos, Argentina podría posicionarse como un actor relevante si lograra coordinar inversión pública, privada y planificación estratégica.
Sin embargo, las señales actuales indican lo contrario. La decisión de reducir a cero la inversión pública nacional y dejar librado todo al mercado —o a las administraciones provinciales— parece estar debilitando la capacidad del país para aprovechar sus ventajas comparativas.
La construcción como termómetro de la economía
Históricamente, el sector de la construcción ha sido uno de los indicadores más sensibles de la marcha de la economía argentina. Su evolución marca de manera directa la salud del empleo, del consumo, de la inversión y de la confianza empresarial.
Hoy, ese termómetro marca frío. La obra pública está congelada, la privada avanza con incertidumbre y el empleo sigue en baja. Mientras tanto, miles de empresas constructoras esperan definiciones que no llegan, y millones de argentinos ven postergadas las mejoras en infraestructura que tanto necesitan.
El mensaje que dejó la 70° Convención Anual de CAMARCO fue claro: sin obra pública, no hay desarrollo sustentable. Y en el actual contexto argentino, la reconstrucción del sector será clave para cualquier proyecto de país que aspire a crecer con inclusión y futuro.
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