La iniciativa busca liberar capitales sin penalidades y promete un fuerte impulso para el sector inmobiliario
El Gobierno nacional se encuentra en las etapas finales del diseño de una medida que, de concretarse, podría significar un antes y un después en la economía argentina, particularmente en el sector inmobiliario. La propuesta, que ha sido anticipada en distintas instancias por funcionarios de alto rango, permitiría a los ciudadanos utilizar sus dólares en efectivo —comúnmente llamados “dólares bajo el colchón”— sin necesidad de pagar impuestos ni enfrentar sanciones.
Aunque el anuncio oficial ha sido pospuesto para después de la campaña electoral de medio término, desde el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aseguran que se trata de una medida “revolucionaria en lo monetario”. Según adelantaron fuentes oficiales, el objetivo no es recaudatorio sino liberador: permitir que los argentinos puedan usar su dinero, hoy fuera del sistema, para transacciones sin temor a ser perseguidos fiscalmente.
El presidente Javier Milei se refirió recientemente al tema durante el 42° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde volvió a cuestionar duramente a los gobiernos anteriores. “Los que tienen la guita en el colchón son los que se escaparon de un régimen opresor”, afirmó, señalando que su administración no ve a quienes conservaron dólares fuera del sistema como delincuentes, sino como víctimas de un modelo político que castigó el ahorro y el uso libre del capital.
El proyecto estaría siendo evaluado en conjunto por ARCA, el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Justicia. La idea central es que los ciudadanos puedan utilizar sus dólares en el circuito económico formal, sin dejar rastros que puedan ser usados en su contra. “Vas a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados, nadie tiene por qué saber de dónde sacó usted los dólares”, señaló Milei en una entrevista reciente.
El potencial impacto en el mercado inmobiliario es uno de los puntos que genera mayor expectativa. Según estimaciones de Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan en la Argentina, los argentinos tienen alrededor de US$350.000 millones en activos fuera del sistema financiero formal. El presidente Milei, por su parte, amplió ese rango y dijo que las estimaciones varían entre US$200.000 y US$400.000 millones, lo que representaría entre el 33% y el 66% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
Ese volumen de capital, en caso de ingresar parcial o totalmente a la economía formal, podría significar una auténtica reactivación para el sector inmobiliario, uno de los más golpeados en los últimos años por la incertidumbre económica, la inflación y las restricciones cambiarias. Hoy, muchas operaciones inmobiliarias se concretan en dólares billete, pero con enormes dificultades legales y logísticas. La posibilidad de blanquear esos fondos sin penalidades allanaría el camino para la reactivación del mercado.
“Esta medida puede motorizar no sólo las compras de propiedades usadas, sino también inversiones en desarrollos, construcción y créditos hipotecarios”, señaló un analista del sector. Además, permitiría aumentar la transparencia en las operaciones y reducir la informalidad, atrayendo incluso la atención de desarrolladores e inversores extranjeros.
Con el antecedente de anteriores blanqueos que generaron cierta reactivación en sectores puntuales, el gobierno apuesta a una medida que no sólo tenga impacto económico, sino también simbólico: devolver la confianza a quienes históricamente decidieron preservar su dinero fuera del alcance del Estado.
Aunque aún faltan detalles técnicos y definiciones clave, el mercado inmobiliario ya empieza a moverse con expectativas. Las inmobiliarias, estudios jurídicos y escribanías están atentos a las condiciones finales del anuncio, que podría marcar el inicio de un nuevo ciclo de dinamismo económico.
Si se concreta, el desafío será doble: canalizar de forma eficiente ese capital y garantizar que el nuevo esquema no sólo sea un alivio momentáneo, sino una transformación estructural del vínculo entre el ciudadano y el Estado.
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