La reciente aprobación de la Ley de Incremento Excepcional para las Jubilaciones y Pensiones en el Congreso de la Nación ha encendido alarmas en el sector pyme. Aunque su principal objetivo es el aumento de haberes jubilatorios, su artículo 10 introduce un cambio que podría generar un profundo impacto colateral en el entramado productivo argentino: la eliminación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). Esta medida amenaza con desmantelar uno de los principales canales de acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas del país.
Actualmente, más de 40.000 pymes dependen de este sistema para poder obtener garantías y acceder a créditos bancarios, financiamiento en el mercado de capitales y líneas de inversión productiva. El sistema de SGR ha funcionado por décadas como una herramienta clave para nivelar las condiciones de acceso al crédito entre empresas grandes y pequeñas, facilitando que muchas unidades productivas puedan operar, expandirse y sostener el empleo.
¿Qué son las SGR y cómo funcionan?
Las Sociedades de Garantías Recíprocas son entidades creadas específicamente para facilitar el financiamiento de pymes a través del otorgamiento de avales. Se trata de una estructura público-privada que reúne a empresas que actúan como socios protectores —generalmente grandes compañías e inversores institucionales— y socios partícipes, que son las pymes beneficiarias.
Estas entidades están reguladas por una ley específica y son supervisadas por organismos nacionales. Su mecanismo se basa en la reciprocidad: los socios protectores aportan capital al Fondo de Riesgo de la SGR, que luego se utiliza para respaldar las garantías que se otorgan a las pymes. A cambio, los protectores obtienen beneficios fiscales por su participación en el sistema, principalmente la posibilidad de deducir de Ganancias los aportes realizados al fondo de riesgo.
Este incentivo ha sido central para sostener la participación privada en el sistema y ha permitido que miles de pymes puedan acceder a financiamiento a tasas competitivas, plazos más largos y con menores requisitos de garantías propias. Además, las SGR han contribuido a la formalización de sectores productivos, a la inclusión financiera y al fortalecimiento de las cadenas de valor locales.
Qué cambia con la nueva norma
El artículo 10 de la ley aprobada recientemente establece la eliminación de los beneficios fiscales para los socios protectores de las SGR. Este cambio implicaría, en los hechos, desmantelar los incentivos que alimentan el sistema. Sin la posibilidad de deducir los aportes del Impuesto a las Ganancias, se estima que la mayoría de los socios protectores se retirarían de las SGR, debilitando su capacidad para emitir garantías y, por tanto, limitando el financiamiento a las pymes.
El impacto sería inmediato. El sistema cuenta actualmente con cerca de 40 SGR operativas que avalan a unas 40.000 pymes en todo el país. La anulación de los beneficios fiscales pondría en riesgo la continuidad de estas operaciones y dejaría sin respaldo a decenas de miles de empresas que no tienen otras vías para acceder al crédito formal.
Además, la medida afectaría la liquidez del mercado de cheques avalados y otros instrumentos financieros que utilizan las SGR como garantía, lo cual repercutiría negativamente en la circulación de capital de trabajo en toda la economía.
El camino institucional de la ley
La norma fue aprobada por el Congreso el 10 de julio y remitida al Poder Ejecutivo días después. Desde ese momento, el presidente cuenta con un plazo de diez días hábiles para promulgarla o vetarla, ya sea total o parcialmente. En este caso, el artículo que genera conflicto podría ser vetado individualmente, sin afectar el resto de la norma.
Aunque el presidente ha manifestado públicamente su intención de vetar este punto de la ley, la preocupación persiste entre empresarios y entidades representativas del sector. Saben que si el veto se produce, el Congreso tiene la potestad constitucional de insistir con la ley original si logra reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. En ese escenario, el veto podría quedar sin efecto y la eliminación del régimen fiscal de las SGR quedaría firme.
La posibilidad de que esto ocurra mantiene en vilo a las pymes, ya que el sistema de SGR ha sido clave para sostener inversiones, empleo y competitividad, en especial en contextos de restricción financiera o tasas elevadas.
Por qué preocupa tanto la posible eliminación del sistema
Desde hace años, el sistema de SGR ha representado un mecanismo eficaz para canalizar el ahorro privado hacia el financiamiento productivo. La sinergia entre grandes empresas y pymes, facilitada por este modelo, ha permitido a muchas pequeñas compañías obtener avales para créditos bancarios, emitir obligaciones negociables pyme, descontar cheques, acceder al mercado de capitales e incluso participar de licitaciones y contratos que exigen garantías.
La eliminación de los beneficios fiscales rompería este equilibrio. Sin incentivos, los socios protectores podrían migrar a otros instrumentos financieros, dejando a las SGR con fondos insuficientes para sostener el volumen actual de operaciones.
El impacto sería desigual: las pymes más pequeñas, menos bancarizadas o sin activos suficientes para respaldar un préstamo quedarían directamente excluidas del financiamiento formal. También se afectaría la posibilidad de crecer o exportar, en un contexto en el que el crédito comercial y la inversión son factores críticos para mejorar la competitividad.
Las SGR también han sido utilizadas por el Estado para canalizar programas de apoyo financiero a sectores estratégicos. Al perder fuerza este canal, se dificultaría la llegada efectiva de créditos subsidiados o líneas especiales a quienes más lo necesitan.
Un contexto complejo para las pymes
El debate en torno al futuro del sistema de SGR se produce en un momento en que las pymes enfrentan múltiples desafíos. Por un lado, la inflación acumulada y la suba de tarifas han comprimido los márgenes operativos. Por otro, el acceso al crédito continúa siendo limitado, a pesar de cierta baja en las tasas nominales, y la demanda interna todavía no se recupera de manera sostenida.
En este marco, las pymes necesitan más que nunca herramientas que les permitan mantenerse activas, invertir y sostener el empleo. La continuidad del sistema de SGR es vista como un pilar fundamental para ese objetivo, y su eliminación significaría agregar una nueva dificultad al ya complejo escenario productivo.
Además, muchas de estas empresas están ubicadas fuera de los grandes centros urbanos y son actores clave en economías regionales. La pérdida de acceso al financiamiento podría tener consecuencias directas en términos de empleo local, abastecimiento de mercados internos y desarrollo territorial.
El rol de las entidades representativas
Numerosas cámaras empresariales, asociaciones de pymes, federaciones regionales y entidades vinculadas al sistema financiero han expresado su preocupación por el artículo en cuestión. Han llevado adelante acciones institucionales y reuniones con legisladores para transmitir el impacto que podría tener esta medida en la operatoria diaria de miles de empresas.
También han elaborado informes técnicos y comparativos que demuestran la eficiencia del sistema de SGR y la importancia de mantener los beneficios fiscales como forma de incentivar la inversión productiva. Según estos análisis, los aportes realizados por los socios protectores al Fondo de Riesgo representan una fracción de lo que las pymes logran movilizar en términos de inversión, producción y empleo gracias al acceso al crédito.
El sistema, afirman, no solo es virtuoso desde el punto de vista económico, sino también desde la óptica del fisco, ya que genera actividad, formalización y mayor recaudación por otras vías, compensando en parte el costo fiscal de las deducciones.
Expectativas y escenarios posibles
Con el proyecto ya en manos del Poder Ejecutivo, el próximo paso será la decisión presidencial. Si se concreta el veto, como se espera, el Congreso deberá definir si insiste o no con el texto original. En caso de que lo haga y logre la mayoría especial necesaria, el artículo 10 volverá a entrar en vigencia.
En ese escenario, no se descarta que se presenten proyectos alternativos para rediseñar el sistema de SGR o proponer mecanismos de transición que eviten un colapso inmediato del modelo actual. Sin embargo, cualquier modificación debería contemplar el equilibrio entre incentivar la inversión privada y sostener el financiamiento a las pymes.
El futuro inmediato de este sistema depende, en gran medida, de decisiones políticas. Pero el impacto real lo sentirán miles de empresas que operan en la economía real, generan empleo, tributan y forman parte esencial del tejido productivo nacional.
Una herramienta en riesgo
La eventual eliminación del sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas, tal como ha sido planteada en la norma aprobada, implica mucho más que una modificación técnica en el régimen impositivo. Representa la posible pérdida de una herramienta concreta que ha demostrado ser eficiente, accesible y estratégica para el desarrollo de las pymes.
En un contexto donde el financiamiento es escaso, volátil o costoso, y en el que muchas empresas todavía intentan recuperarse de los efectos acumulados de crisis sucesivas, la supervivencia del sistema de SGR aparece como un punto clave en la agenda de políticas productivas.
Las próximas semanas serán decisivas para saber si este instrumento continuará vigente en su formato actual o si deberá adaptarse a una nueva realidad, con menos incentivos y mayores desafíos. Lo que está claro es que su desactivación abrupta podría representar un retroceso significativo para miles de pymes que, lejos de ser parte del problema económico, son parte esencial de la solución.
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