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En un contexto económico signado por la escasez de dólares, una economía informal en expansión y una política fiscal con foco en la desregulación, el Gobierno Nacional publicó una nueva resolución que modifica de forma sustancial el umbral a partir del cual deben reportarse ante la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones inmobiliarias. Esta medida, que se inscribe dentro de un paquete más amplio de incentivos para repatriar capitales no declarados, eleva de forma significativa los montos mínimos de compraventa que deben ser informados a dicho organismo.

En un contexto económico marcado por la inflación persistente, las dificultades para acceder a una vivienda propia y la reciente reaparición de líneas de crédito hipotecario ajustadas por UVA, miles de familias argentinas vuelven a enfrentarse a una vieja pero crucial disyuntiva: ¿seguir alquilando una propiedad o endeudarse a largo plazo para comprar un inmueble?

La reciente modificación del umbral de reportes automáticos de operaciones inmobiliarias impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), a través del Decreto N.º 353/2025, ha provocado un sacudón significativo en el mercado inmobiliario argentino.

Uno de los principales diferenciales del redesarrollo es el tiempo de ejecución. Mientras una obra nueva puede demorar entre 30 y 36 meses, los proyectos de redesarrollo se completan, en promedio, en 6 a 12 meses. El proceso incluye la escritura de la propiedad, preventa, reforma y entrega de unidades, muchas veces sin necesidad de aprobar planos de obra tradicionales.

Tras un marzo marcado por la incertidumbre macroeconómica y la retracción de la inversión, los indicadores de abril mostraron un giro positivo. La construcción recuperó terreno con un crecimiento mensual del 5,1%, impulsada por recomposición de expectativas, mejoras en la disponibilidad de insumos y un incipiente retorno de la obra pública.