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La reciente modificación del umbral de reportes automáticos de operaciones inmobiliarias impuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), a través del Decreto N.º 353/2025, ha provocado un sacudón significativo en el mercado inmobiliario argentino.

Uno de los principales diferenciales del redesarrollo es el tiempo de ejecución. Mientras una obra nueva puede demorar entre 30 y 36 meses, los proyectos de redesarrollo se completan, en promedio, en 6 a 12 meses. El proceso incluye la escritura de la propiedad, preventa, reforma y entrega de unidades, muchas veces sin necesidad de aprobar planos de obra tradicionales.

Tras un marzo marcado por la incertidumbre macroeconómica y la retracción de la inversión, los indicadores de abril mostraron un giro positivo. La construcción recuperó terreno con un crecimiento mensual del 5,1%, impulsada por recomposición de expectativas, mejoras en la disponibilidad de insumos y un incipiente retorno de la obra pública.

El Índice Construya registró una caída mensual del 12,1% en mayo, frenando la racha de crecimiento iniciada en febrero. Aunque la comparación interanual aún muestra números positivos, el sector convive con altos costos en dólares, una obra pública casi paralizada y una demanda privada que apenas logra sostenerse. La volatilidad económica, la incertidumbre cambiaria y la falta de reglas claras impiden consolidar una recuperación sostenida en el rubro.

A casi un año y medio del recambio presidencial en la Argentina, la industria de la construcción, históricamente uno de los motores del desarrollo económico y el empleo, se encuentra en una encrucijada compleja. Mientras la obra pública enfrenta un ajuste drástico y el desarrollo privado se ve acorralado por altos costos en dólares, el sector vislumbra un sendero posible: el de las privatizaciones y concesiones en infraestructura, impulsadas por un gobierno decidido a redefinir el rol del Estado.