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La combinación de una inflación en descenso, una mayor estabilidad del tipo de cambio y el regreso del crédito hipotecario están generando un nuevo ciclo de crecimiento en el mercado inmobiliario argentino, especialmente en el segmento de compra-venta de unidades usadas. Este fenómeno, que comenzó a tomar fuerza a inicios de este año, se refleja en un fuerte repunte en la cantidad de operaciones y en una notable aceleración en los tiempos de venta de las propiedades.

En un país donde la volatilidad económica ha sido una constante durante décadas, acceder a una vivienda propia representa un desafío tan complejo como deseado. Las vías más tradicionales para concretar este objetivo incluyen la compra directa con ahorros, herencias, créditos hipotecarios o, en un modelo creciente en el mercado inmobiliario argentino, la construcción. Este último, aunque conlleva ciertos riesgos, también ofrece ventajas que, bien aprovechadas, pueden traducirse en una excelente inversión a mediano y largo plazo.

El Gobierno nacional presentó oficialmente el nuevo “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. Esta medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, permite a los ciudadanos utilizar sus dólares ahorrados sin necesidad de justificar su origen, eliminando diversas obligaciones de información fiscal que regían hasta ahora.

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una situación poco habitual: el costo de construcción por metro cuadrado ya supera el precio promedio de venta de propiedades usadas. Esta dinámica, inédita en los últimos años, está modificando profundamente las estrategias del sector, desde desarrolladores hasta compradores, e impulsa un proceso de redefinición de precios, márgenes de rentabilidad y decisiones de inversión.

El Gobierno nacional se encuentra en las etapas finales del diseño de una medida que, de concretarse, podría significar un antes y un después en la economía argentina, particularmente en el sector inmobiliario. La propuesta, que ha sido anticipada en distintas instancias por funcionarios de alto rango, permitiría a los ciudadanos utilizar sus dólares en efectivo —comúnmente llamados “dólares bajo el colchón”— sin necesidad de pagar impuestos ni enfrentar sanciones