El Gobierno abrió las ofertas para concesionar la Hidrovía Paraná – Paraguay y prevé una baja del peaje que impactará en las exportaciones

Las empresas Jan De Nul y DEME presentaron sus propuestas económicas para operar la Hidrovía Paraná-Paraguay durante 25 años. El Ejecutivo estima que la reducción tarifaria generará un ahorro inmediato de hasta US$40 millones anuales para los usuarios del sistema.

El Gobierno nacional avanzó este martes con la apertura de las ofertas económicas para definir la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las licitaciones más relevantes de la gestión de Javier Milei. El proceso determinará qué empresa quedará a cargo de las tareas de dragado y balizamiento de la principal vía de navegación del país, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

Las dos compañías que continúan en carrera, la belga Jan De Nul y la firma DEME, presentaron ofertas con el valor mínimo permitido dentro de la banda tarifaria fijada por el pliego. Para la etapa 0 ofrecieron US$3,80; para la etapa 1, US$4,65; y para la etapa 2, US$5,78.

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Según cálculos oficiales, la nueva tarifa implicaría una reducción del 13,5% respecto del esquema actual, donde el peaje se ubica en US$4,30 por Tonelada de Registro Neto (TRN). Desde el Ejecutivo estiman que esa rebaja permitirá un ahorro anual de entre 35 y 40 millones de dólares para exportadores, navieras y usuarios del sistema logístico.

La Hidrovía Paraná-Paraguay conecta los puertos fluviales con el océano Atlántico y constituye una infraestructura estratégica para la economía argentina y regional. Por esa vía circula el 95% del transporte de contenedores y prácticamente la totalidad de las exportaciones automotrices. Además, involucra de manera directa a siete provincias argentinas —entre ellas Misiones— y a países como Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

El contrato en juego contempla una concesión por 25 años, con posibilidad de extenderse cinco años más. Los pliegos establecen que la empresa adjudicataria tendrá ingresos promedio estimados en US$618 millones durante el período y deberá realizar inversiones cercanas a los US$10.000 millones, con una tasa de retorno aproximada del 6%.

Aunque ambas empresas igualaron la oferta económica, hasta el momento Jan De Nul aparece con ventaja por el puntaje técnico obtenido en la etapa anterior del proceso. La compañía opera actualmente en la Hidrovía y realiza trabajos en el corredor fluvial desde hace más de tres décadas.

Ahora comenzará la etapa de análisis final de las ofertas por parte del Gobierno. Luego se emitirá un acta de evaluación y se abrirá un plazo de siete días para posibles impugnaciones. Fuentes oficiales señalaron que la adjudicación definitiva podría concretarse “en un mes largo”.

El proceso licitatorio estuvo marcado por postergaciones, cuestionamientos judiciales y observaciones técnicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) realizó objeciones sobre distintos aspectos del procedimiento, mientras que organizaciones civiles intentaron frenar la licitación mediante medidas cautelares, aunque hasta el momento no prosperaron.

Uno de los principales debates gira en torno al esquema de cobro del peaje. Desde Paraguay, sectores navieros cuestionaron que el cálculo se realice sobre la capacidad transportable y no sobre la carga efectivamente trasladada.

Bernd Gunther, representante del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay, sostuvo que el sistema actual perjudica especialmente a las barcazas durante períodos de bajante.

“A las barcazas se les está cobrando por TRN y no por tonelada transportada”, advirtió el dirigente empresarial, quien reclamó revisar el criterio tarifario ante las fluctuaciones permanentes del río.

Mientras tanto, distintas entidades empresariales argentinas salieron a respaldar el avance de la licitación. La Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, Ciara-Cec, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas pidieron que el proceso concluya rápidamente para evitar mayores costos logísticos y pérdida de competitividad.

En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que “no se puede perder más tiempo” y remarcaron la necesidad de garantizar servicios eficientes de dragado, balizamiento y tecnología para sostener el flujo exportador argentino.

Fuente: La Nación

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