El Gobierno nacional oficializó la creación de la Base de Iniciativas Privadas, un registro destinado a la presentación de proyectos de concesión para obras de infraestructura y servicios públicos. La medida fue implementada mediante la Resolución 11/2025 publicada en el Boletín Oficial y tiene como objetivo fomentar inversiones privadas en áreas de interés público.
La iniciativa surge en un escenario de caída histórica del índice de la construcción, agravado por la paralización de la obra pública durante el primer año de gestión del presidente Javier Milei. Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (Afcp), los despachos de cemento cayeron un 24% durante 2024, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) del Indec reportó un desplome del 28,5% en el sector.
Nueva normativa y objetivos
La Base de Iniciativas Privadas se enmarca en el Régimen de Iniciativa Privada, aprobado por el Decreto 713/2024, que permite la presentación de proyectos de concesión en dos modalidades: por convocatoria de las autoridades o de manera espontánea. En ambos casos, los promotores deberán justificar el interés público de sus propuestas y garantizar el financiamiento privado.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, será la autoridad de aplicación y responsable de gestionar la información sobre los proyectos. La base registrará información como el nombre del promotor, la fecha de presentación, el sector involucrado y los informes técnicos emitidos por organismos competentes.
«Es positivo que exista un registro único para iniciativas privadas. Hasta ahora, no había un lugar para canalizar estas propuestas», opinó Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
Los proyectos presentados deberán ser evaluados en un plazo máximo de 60 días, prorrogables por otros 60, para determinar su viabilidad técnica, económica y financiera. Si se declara de interés público, el Poder Ejecutivo tendrá hasta 90 días para decidir su aprobación. Posteriormente, el llamado a licitación se concretará en 60 días.
Sin embargo, si una propuesta es desestimada, el promotor no recibirá compensación alguna.
El lanzamiento de la base ocurre en un contexto de fuerte debate sobre el rol del Estado en la obra pública. El presidente Javier Milei expresó en su cuenta de X: “La obra pública se financia con impuestos y destruye producción y trabajo en otras partes de la economía. Además, su asignación no refleja las preferencias reales de la población”. Estas declaraciones coinciden con la paralización de proyectos estatales, una decisión que, combinada con la caída del poder adquisitivo, ha impactado severamente al sector.
Según el Gobierno, la Base de Iniciativas Privadas busca brindar seguridad jurídica para atraer capital privado y revertir la parálisis en infraestructura. Sin embargo, sectores críticos advierten que la medida podría no ser suficiente para compensar la falta de inversión pública en el corto plazo.
El desarrollo de la infraestructura en Argentina entra en una etapa de transformación, marcada por el desafío de equilibrar la necesidad de obras con un enfoque basado en concesiones y financiamiento privado. Mientras tanto, el sector de la construcción sigue esperando señales de recuperación tras un 2024 devastador.
