Autorizan uso de dólares no declarados para impulsar el mercado inmobiliario

En un intento por dinamizar la economía y reactivar sectores clave como el inmobiliario, el Gobierno nacional presentó oficialmente el nuevo “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. Esta medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, permite a los ciudadanos utilizar sus dólares ahorrados sin necesidad de justificar su origen, eliminando diversas obligaciones de información fiscal que regían hasta ahora. Desde el Ejecutivo, se enmarca como una estrategia para recuperar la confianza, fomentar la inversión y facilitar la remonetización de una economía fuertemente golpeada por la inflación, el cepo cambiario y la informalidad.

En términos concretos, el plan exime a los ciudadanos de declarar el origen de los fondos en dólares que destinen a operaciones como la compra y venta de bienes, inversiones, gastos con tarjeta, y otras transacciones económicas. A su vez, introduce cambios significativos en la interacción con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la AFIP, limitando su capacidad de fiscalización previa sobre determinados movimientos económicos.

Luis Caputo justificó la medida argumentando que «durante años, quienes decidieron ahorrar por fuera del sistema fueron injustamente tratados como delincuentes». En ese sentido, el funcionario explicó que el objetivo es normalizar una situación de hecho: «sabemos que muchos argentinos tienen dólares guardados por desconfianza en el sistema financiero o en el Estado. Queremos darles la posibilidad de reinsertar esos fondos en la economía sin miedo ni castigos».

Repercusiones en el mercado inmobiliario: un empujón esperado

Uno de los sectores que recibió con mayor entusiasmo el anuncio fue el inmobiliario, históricamente dolarizado y con un alto nivel de informalidad. Para muchos actores del rubro, el nuevo plan representa una bocanada de aire fresco en un mercado que lleva años estancado por la falta de crédito, la inestabilidad macroeconómica y las restricciones cambiarias.

Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, consideró que la iniciativa “es positiva y brinda una oportunidad concreta para quienes quieran blanquear sus ahorros y volcarlos al sector inmobiliario”. Según su visión, esto puede traducirse en un aumento de la demanda de propiedades, especialmente aquellas en pozo o en proceso de construcción, que suelen ser más accesibles y atractivas para el inversor local.

Alejandro Moretti, miembro del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, fue un poco más cauto, pero reconoció que se trata de «una inyección de confianza para el mercado». No obstante, advirtió que será clave «aclarar cómo se implementará la modificación del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI)», ya que este requisito, hasta ahora obligatorio, cambia sustancialmente en esta nueva etapa. El Gobierno informó que, de ahora en más, ni el vendedor ni el agente inmobiliario estarán obligados a notificar a ARCA cuando se pone una propiedad en venta.

Desde la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), su presidente Damián Tabakman aplaudió la medida como “un paso en la dirección correcta, hacia la libertad económica”. Destacó el principio de presunción de inocencia como un cambio institucional de fondo: “que el Estado ya no parta de la base de que todo ciudadano es culpable hasta que se demuestre lo contrario es un avance clave. Esto genera un entorno de mayor confianza para invertir”. Y agregó: “ojalá que esos fondos que ahora van a poder blanquearse se canalicen, en buena parte, hacia proyectos inmobiliarios”.

Uno de los puntos más destacados del nuevo plan es que permite usar estos fondos para adquirir unidades en construcción, lo que abre la puerta a una posible reactivación del sector de los desarrollos en pozo, históricamente sensibles a la disponibilidad de capital privado.

Autorizan uso de dólares no declarados para impulsar el mercado inmobiliario
Autorizan uso de dólares no declarados para impulsar el mercado inmobiliario

Cambios en la normativa: menos burocracia para el COTI y para los escribanos

Otra modificación relevante tiene que ver con el COTI, una declaración obligatoria ante ARCA para operaciones de compraventa inmobiliaria superiores a los $66.833.000. Con la nueva reglamentación, sólo se deberá reportar operaciones que superen ese monto, lo que simplifica notablemente los procedimientos administrativos tanto para vendedores como para corredores inmobiliarios.

Asimismo, se anunció la eliminación del CITI Escribanos, un régimen por el cual los escribanos debían informar mensualmente todas las operaciones notariales realizadas. Aunque desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomaron la noticia con cautela, anticiparon que esperan una reglamentación clara que detalle los alcances y obligaciones que dejarán de tener vigencia.

También se derogó la obligación para las administradoras de consorcios de reportar los pagos de expensas que superaran los $32.000, una exigencia que fue blanco de duras críticas por su complejidad y escasa efectividad. David Loisi, presidente de la Liga del Consorcista, celebró la medida y la calificó como «una gran noticia» tanto para administradores como para propietarios, señalando que “nunca fue razonable que un administrador de consorcio tenga que actuar como agente informante sobre los pagos realizados por los copropietarios”.

Riesgos y advertencias del FMI

Pese al entusiasmo oficial, algunos analistas advirtieron sobre los desafíos que pueden surgir en el plano internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual Argentina mantiene un acuerdo vigente por u$s20.000 millones, recordó que las políticas económicas del país deben alinearse con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En este contexto, si bien el plan apunta a captar parte del ahorro informal —estimado en cientos de miles de millones de dólares fuera del sistema—, su éxito dependerá de una implementación clara, transparente y alineada con las normas internacionales.

A corto plazo, el Gobierno apuesta a que esta apertura sirva como catalizador para movilizar recursos ociosos y estimular sectores clave de la economía. El mercado, por ahora, observa con expectativas prudentes, atento a cómo se plasmarán estos cambios en la práctica.

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