El freno de la obra pública no solo afectó la construcción de viviendas sociales y del programa Procrear, sino que también ha provocado la pérdida de miles de empleos en el sector.
La falta de fondos nacionales impactó directamente en la paralización de la construcción de viviendas del programa Procrear y en otras viviendas sociales en todo el país. Ante este escenario, la administración decidió priorizar los proyectos con mayor avance y buscar alternativas de financiación conjunta con las provincias.
Hasta la fecha, el Gobierno firmó acuerdos con Misiones, Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Estos acuerdos permiten que las provincias cofinancien las obras pendientes, asumiendo la responsabilidad de conseguir fondos locales o privados para completar los proyectos. Rodrigo Aybar, secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, suscribió los convenios con los gobernadores, en el marco del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (FFVS).
El FFVS había previsto la construcción de 49.200 viviendas, pero las restricciones presupuestarias impuestas desde octubre de 2023 dejaron a la mayoría de estas obras paralizadas, con un avance promedio del 32%. A pesar de la crítica situación, el Ministerio de Economía autorizó la cofinanciación de las viviendas, proyectando un desembolso de $1,3 billones para culminar los desarrollos urbanísticos en curso.
El programa Procrear, diseñado para facilitar el acceso a la vivienda propia, es uno de los más afectados por la falta de fondos. Actualmente, hay 17.341 viviendas en ejecución, 3.520 lotes con servicios y 2.520 créditos a tasa cero, los cuales generaron una deuda de $60.000 millones en certificados de obra. Se estima que, para finalizar estas viviendas, se necesitará un flujo de $1,3 billones, priorizando aquellas con mayor avance.
Impacto en los beneficiarios y en el sector de la construcción
Los beneficiarios del programa Procrear se encuentran en una situación de incertidumbre. A menos de un mes de cumplirse un año desde el primer desembolso, muchos aún no recibieron los pagos necesarios para continuar con sus obras.
Mientras tanto, el sector de la construcción también sufre las consecuencias de la crisis. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), denunció que el Gobierno aún adeuda trabajos ejecutados durante la gestión anterior, agravando la situación financiera de las empresas. Según Weiss, «ya se perdieron 110.000 puestos de trabajo directos en el sector de la construcción», lo que refleja la gravedad de la situación.
En respuesta, empresarios y sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) exigieron al Gobierno que reactive la edificación de viviendas. Durante una reunión en la Cámara de Diputados, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano escuchó las demandas de los sectores afectados, quienes reclamaron medidas urgentes para solucionar la crisis.
A pesar de los esfuerzos por buscar soluciones, la realidad es que miles de unidades habitacionales siguen paralizadas y la incertidumbre entre los beneficiarios y las empresas crece día a día.
