Aunque el eje del proyecto es la modificación del régimen laboral, el artículo 188 incorpora cambios impositivos puntuales que afuera del universo del trabajo tienen efectos directos sobre la compraventa y alquiler de inmuebles.
Qué grava hoy y qué propone el proyecto
Hasta ahora, la venta de una propiedad y los ingresos por alquileres estaban gravados por el Impuesto Cedular, que grava con el 15% la ganancia obtenida tanto en la transferencia de derechos de inmuebles como en la renta que perciben los propietarios por alquilar con fines de vivienda.
El proyecto no elimina ese gravamen, pero propone eximirlo, de modo que la venta y la renta de un inmueble con destino casa habitación no estén sujetas al tributo una vez que la norma entre en vigencia.
El tributarista Sebastián Domínguez, titular del estudio SDC Asesores Tributarios, explicó que con la exención del impuesto sobre la renta del alquiler y la utilidad de la venta, el tratamiento fiscal para una propiedad podría asemejarse al de títulos públicos, potenciando la rentabilidad neta para los propietarios.
Efectos potenciales sobre inversiones y decisiones de mercado
Desde el sector inmobiliario se observa que la incertidumbre sobre la aprobación definitiva y la fecha de vigencia puede dilatar decisiones de compra y venta. Inversionistas y propietarios, según fuentes consultadas por este diario en el ámbito profesional, podrían posponer operaciones para asegurarse de que la exención esté en vigor, lo que podría congelar transacciones en el corto plazo.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, citado en la misma nota, indica que si se aprueba la exención del impuesto cedular en alquileres y ventas, la rentabilidad de un inmueble podría aumentar significativamente. En ejemplos numéricos, un contribuyente con una alícuota del 35% podría ver incrementada su renta hasta en un 60%, y uno con una alícuota del 13% hasta en un 17% de acuerdo con la escala progresiva del impuesto.
Riesgos y críticas del sector
Si bien la medida busca “aliviar la carga tributaria” y atraer inversiones al mercado inmobiliario, analistas tributarios advierten que la simple exención no elimina la posibilidad de que futuros gobiernos restablezcan el gravamen, dado que no se trata de una derogación definitiva sino de una exención legal.
Además, el impacto real dependerá de la dinámica global de la economía y las condiciones financieras, como el ritmo del crédito hipotecario, las tasas de interés y la estabilidad macroeconómica, factores que tradicionalmente condicionan las decisiones de compra y venta de propiedades.
Fuente: La Nación
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