El panorama que atraviesan los inquilinos en Argentina se vuelve cada vez más complejo, a pesar de una desaceleración en el aumento de precios y el incremento en el stock de viviendas. Sin embargo, estos factores no son suficientes para aliviar la carga económica que representa pagar un alquiler. De acuerdo a una reciente encuesta realizada por Inquilinos Agrupados, el 26,7% de los inquilinos—uno de cada cuatro—afirmó que debió mudarse en los últimos tres meses por no poder hacer frente al precio del alquiler. Lo alarmante de esta cifra es que experimentó un marcado aumento, ya que en el mes de junio el porcentaje de personas en esta situación era del 15%.
Además, el informe de Inquilinos Agrupados revela que de este grupo el 92% de los inquilinos que se vieron obligados a mudarse lo hicieron bajo condiciones contractuales fuera del marco de la Ley de Alquileres. Este dato deja al descubierto las irregularidades que predominan en el sector inmobiliario, especialmente en el contexto de la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que modificó algunos aspectos fundamentales de la legislación vigente.
Una de las principales preocupaciones de los inquilinos es el porcentaje de sus ingresos que deben destinar al pago del alquiler. Según el mismo relevamiento, el 44,5% de los ingresos de los hogares encuestados se destina a cubrir el alquiler y las expensas, sin tener en cuenta impuestos y servicios públicos. Este porcentaje asciende al 49,8% para aquellos contratos firmados después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023.
La situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es aún más crítica. Los inquilinos que firmaron contratos en 2024 bajo el nuevo decreto pagan hasta un 35% más que aquellos cuyos contratos están regidos por la Ley de Alquileres. Este fuerte aumento en los precios ha generado un malestar creciente entre los arrendatarios, quienes ven sus ingresos cada vez más comprometidos por el costo de la vivienda
A modo de ejemplo, los datos del informe muestran que, en enero de este año, el precio promedio de un alquiler para una vivienda de dos ambientes a nivel nacional era de $121.017. Dos meses después, ese valor había escalado a $161.113, lo que representaba un aumento del 33% en apenas 60 días. Y para el mes de junio, la cifra alcanzó los $217.424, un 35% más que en marzo.
Este incremento sostenido en los precios generó un escenario en el que, para muchas personas, mantener el contrato de alquiler se volvió insostenible. Como resultado, cada vez más inquilinos se ven obligados a negociar condiciones contractuales más cortas y a aceptar aumentos de precios en períodos cada vez más cortos.
Contratos de alquiler más cortos: una tendencia en aumento
El relevamiento también muestra que, tras la implementación del DNU 70/2023, los contratos de alquiler de tres años han pasado a ser la excepción. Solo el 7,2% de los inquilinos firmó contratos por este plazo, mientras que la mayoría opta por acuerdos más cortos. Los contratos de duración igual o menor a un año representan el 17,1% de los casos, y los de entre uno y dos años son los más frecuentes, alcanzando el 59,9%.
Esta tendencia refleja la creciente incertidumbre en el mercado inmobiliario, donde tanto propietarios como inquilinos prefieren no comprometerse a largo plazo debido a la volatilidad económica. En este sentido, el 94,8% de los contratos firmados después del decreto contempla aumentos en los precios de alquiler cada seis meses o menos, lo que contrasta con las actualizaciones anuales previstas por la Ley de Alquileres.
Dificultades para afrontar el pago del alquiler
Una de las conclusiones más preocupantes del informe es la creciente dificultad que enfrentan los inquilinos para pagar sus alquileres. Más del 80% de los encuestados identificó la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios como sus principales fuentes de preocupación. El 42,2% de los inquilinos manifestó que espera tener dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses, mientras que el 46,7% señaló que tal vez se vea en esa situación. Solo un 12% de los encuestados confía en que no tendrá problemas para cubrir estos gastos.
Además, el 64,6% de los hogares inquilinos tiene deudas de algún tipo, lo que agrava aún más su situación financiera. El informe también destacó que el 5% de los inquilinos está desempleado, y que la gran mayoría (80,3%) se encuentra en búsqueda de empleo, lo que sugiere una profunda relación entre las condiciones laborales y las dificultades para acceder a una vivienda digna.
La relación entre el mercado laboral y los alquileres
El informe también pone de manifiesto la fuerte conexión entre las condiciones laborales de los menores de 25 años y las exigencias del mercado inmobiliario. Para muchos jóvenes que intentan emanciparse, las barreras son enormes. Recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler y la antigüedad laboral son algunos de los requisitos que dificultan el acceso a una vivienda, lo que retrasa la independencia de las nuevas generaciones. En promedio, la edad de emancipación se sitúa entre los 26 y 30 años, según los datos relevados.
