El proyecto de “desalojo exprés”, que ya obtuvo media sanción en el Senado y deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, comenzó a generar repercusiones en el sector inmobiliario de Misiones. La iniciativa propone agilizar los procedimientos judiciales para recuperar una propiedad cuando se registran incumplimientos en los contratos de alquiler.
Uno de los cambios contemplados establece que, ante una deuda, el propietario pueda intimar al inquilino y, si luego de diez días la situación no se regulariza, iniciar la demanda de desalojo. El mecanismo no habilita una expulsión automática del ocupante, ya que continuará siendo necesaria una resolución judicial, aunque se busca que el trámite avance mediante un procedimiento sumarísimo y con plazos más breves.
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En Misiones, el presidente de la Cámara Inmobiliaria provincial, Jorge Ferreira, expresó el respaldo del sector y señaló que existe expectativa por la posibilidad de que la propuesta avance en el Congreso.
“Desde nuestro sector estamos muy positivos a que esta ley pueda salir, en el sentido de que va a ser muy beneficioso para nuestro sector inmobiliario, para la ciudadanía en general. Así que estamos a la espera y a la expectativa de que esto pueda salir”, afirmó.
Ferreira explicó que el objetivo central de la iniciativa es reducir el período que transcurre desde que se produce un incumplimiento contractual hasta que el propietario logra recuperar judicialmente el inmueble. Según señaló, actualmente la falta de pago puede derivar en procesos extensos.
“El proyecto apunta a acelerar la desocupación de un inmueble cuando se produce el incumplimiento contractual, cuando los inquilinos no abonan en tiempo y forma el alquiler”, indicó.
En Misiones, los procesos pueden extenderse cerca de un año
De acuerdo con Ferreira, en la provincia un procedimiento ordinario de desalojo puede demandar aproximadamente un año. Durante ese período, además de la deuda correspondiente al alquiler, pueden acumularse obligaciones vinculadas con los servicios y otros gastos relacionados con la propiedad.
“Actualmente se produce un proceso ordinario en la Justicia, acá en la provincia de Misiones, lo que lleva a que un inmueble en el cual se incumple con el pago, el propietario tiene que esperar un plazo de un año promedio para poder recuperar el inmueble”, sostuvo.
El referente de la Cámara Inmobiliaria también señaló que las inmobiliarias buscan disminuir los riesgos antes de concretar un contrato mediante el análisis de ingresos y garantías de los futuros inquilinos. Sin embargo, advirtió que estos requisitos no eliminan por completo las situaciones de incumplimiento.
Ferreira aseguró además que el sector comenzó a registrar un aumento de la mora en los alquileres y diferenció entre quienes comunican previamente una dificultad económica transitoria y aquellos que dejan de cumplir con el pago sin buscar una alternativa.
“Los buenos inquilinos por ahí vienen y te plantean la situación y te dicen: ‘Mirá, voy a atravesar esta situación, me voy a demorar’. Después están los otros, los malos inquilinos, que dejan de pagar y tenés que estar ahí insistiéndole para que cumplan con el pago de su compromiso”, expresó.
La aplicación en Misiones, otro punto del debate
La eventual aprobación de la iniciativa en el Congreso no implicaría que el nuevo procedimiento comience a aplicarse automáticamente en los tribunales misioneros. Si bien las normas de fondo del Código Civil y Comercial tienen alcance nacional, las provincias conservan facultades para establecer sus propias reglas procesales.
Por ese motivo, Ferreira consideró que también será necesario observar qué decisiones adopta Misiones si la propuesta finalmente se convierte en ley. “Queremos que la Justicia misionera se adapte y se acople al seguimiento de esta nueva ley, así que vamos a ver cómo va a actuar también la Justicia de nuestra provincia”, manifestó.
Desde la Cámara Inmobiliaria sostienen que una reducción de los tiempos judiciales permitiría generar mayor previsibilidad en las relaciones de alquiler. Ferreira afirmó que el proyecto podría beneficiar tanto a propietarios como a inquilinos que cumplen con sus obligaciones y aportar, según la posición del sector, mayor seguridad jurídica al mercado inmobiliario.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
