Sector Inmobiliario

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En Argentina, en paralelo al debate sobre el acceso a la vivienda y los vaivenes normativos del mercado inmobiliario, existe una figura legal que genera tanto interés como controversia: la usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva. Se trata de un mecanismo jurídico que permite a una persona convertirse en propietaria de un inmueble si lo ocupa de manera continua durante un cierto período, cumpliendo condiciones específicas. En determinadas circunstancias, este derecho incluso podría implicar que un ocupante deje de pagar alquiler y reclame la titularidad del inmueble, siempre que la ocupación no derive de un contrato de locación válido.

El regreso del crédito hipotecario al mercado argentino trajo un nuevo impulso a las operaciones inmobiliarias. Cada vez más personas buscan acceder a una vivienda propia mediante financiamiento bancario. Sin embargo, muchos propietarios se enfrentan a una traba inesperada: su inmueble, a pesar de estar en buen estado y tener demanda, no cumple con los requisitos necesarios para ser adquirido mediante crédito. El problema no es visible a simple vista, pero puede frustrar operaciones avanzadas y desatar conflictos entre las partes.

Un nuevo régimen normativo comenzó a regir desde julio y abrió la puerta a una operatoria largamente esperada en el mercado inmobiliario: la posibilidad de registrar boletos de compraventa y aplicar hipotecas divisibles sobre unidades en construcción. El esquema habilita, en teoría, el acceso al crédito hipotecario para la compra de propiedades “al pozo”, modalidad común en desarrollos inmobiliarios pero históricamente fuera del alcance del sistema bancario tradicional.

El financiamiento para acceder a la vivienda es uno de los principales desafíos para miles de personas que buscan su casa propia o aspiran a invertir en proyectos inmobiliarios en etapas tempranas. En ese contexto, el Gobierno avanzó con una medida clave: fijó los requisitos para registrar hipotecas divisibles, una herramienta que apunta a impulsar el acceso a créditos hipotecarios aplicables a propiedades en construcción o lotes, incluso antes de la subdivisión definitiva.