El Gobierno Nacional ha iniciado el estudio de las condiciones para la emisión de un bono destinado a saldar la deuda que mantiene con las empresas constructoras. Esta iniciativa, que busca regularizar pagos pendientes por un monto estimado en USD 200 millones correspondientes a obras ejecutadas entre fines de 2023 y 2025, surge tras un período de significativo ajuste en la obra pública.
Mecanismo de financiamiento y posibles repercusiones en el sector
La propuesta, actualmente en evaluación por el equipo económico, implica la creación de un instrumento financiero que permitiría inyectar liquidez al sector de la construcción. Para las empresas, esta medida representa una potencial solución a la incertidumbre financiera generada por los retrasos en los pagos de obras con financiamiento nacional, afectando directamente la planificación de proyectos y la cadena de valor local.
De esta manera, el sector de la construcción, que incluye a arquitectos, ingenieros, desarrollistas y empresas de gran envergadura, ya ha sido informados sobre esta posibilidad y se encuentran a la espera de las definiciones técnicas y operativas del instrumento. La concreción de este bono es crucial para la sostenibilidad financiera de las compañías, permitiendo la reactivación de obras y la preservación de puestos de trabajos directos e indirectos, impactando positivamente en la capacidad de inversión en desarrollos inmobiliarios y de infraestructura.
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