La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la resolución reglamentaria correspondiente a la Ley de Inocencia Fiscal II (Ley 27.826) —modificatoria de la Ley 27.799—, estableciendo los criterios con los que los escribanos y sujetos obligados deberán evaluar el origen de los fondos en las transacciones del sector inmobiliario.
La medida busca dinamizar la inyección de divisas no declaradas en la compra de activos inmobiliarios y el desarrollo de obras, regulando el impacto de las exigencias sobre la cadena de valor.
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Flexibilización en la ponderación de riesgo
La normativa dictada por el organismo regulador introduce un marco de análisis donde la adhesión del comprador al régimen simplificado actúa como un antecedente favorable y factor atenuante de riesgo. Sin embargo, esto no exime a los escribanos de realizar la debida diligencia en transacciones cuyo monto supere los 700 salarios mínimos, vitales y móviles.
Para que la transacción aplique a esta mitigación de análisis, la reglamentación exige el cumplimiento estricto de tres condiciones de contorno:
- Verificación de la adhesión vigente del contribuyente al régimen simplificado.
- Canalización de la operación en el marco del artículo 40 bis de la Ley 27.799.
- Ausencia de causales de exclusión de la normativa aplicable.
En operaciones donde el monto resulte inferior a la franja de los 700 salarios mínimos, la figura del escribano queda eximida del rol de sujeto obligado para la exigencia de justificación de fondos, permitiendo transacciones bajo modalidad de efectivo.
Tratamiento del efectivo y limitaciones operativas
Un aspecto determinante para el mercado de compraventa y fondeo de proyectos inmobiliarios radica en la desestimación del uso de efectivo o la falta de comprobantes de origen de las divisas como causal aislada de sospecha. Para los perfiles alcanzados por el beneficio, la tenencia no documentada en moneda extranjera no derivará de forma automática en una calificación de riesgo elevado.
“Cambió algo, pero no mucho. Los escribanos ahora cuentan con un margen de valoración algo más flexible, pero igualmente deben analizar y documentar el origen de los fondos, como lo hacían antes”, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
No obstante, la denominada Debida Diligencia Simplificada Especial —que otorga exención total de justificación de ingresos— presenta una aplicabilidad técnica casi nula en el sector de bienes raíces. Esto responde a que dicho mecanismo fija un tope anual aproximado de $100 millones, cifra que queda superada por los valores promedio de mercado en escrituraciones que traspasan la barrera de los 700 salarios mínimos.
Marco regulatorio internacional e impacto de mercado
La estructuración de la norma responde a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), orientadas a evitar que la rigurosidad en los controles desplace las transacciones hacia circuitos financieros no regulados. En sus fundamentos, la UIF citó el informe técnico sobre lavado de dinero profesional y banca paralela, promoviendo la inclusión financiera mediante esquemas basados en riesgo real.
Pese a la flexibilización, la obligación de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) se mantiene vigente ante inconsistencias severas o maniobras de fraccionamiento de montos, preservando el cumplimiento de los estándares internacionales para evitar contingencias en el acceso al crédito e inversión extranjera.
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