El Gobierno nacional anunció la disolución del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), creado en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner. La medida fue formalizada a través del Decreto 1018/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El Procrear, que ofrecía créditos subsidiados por el Estado para facilitar el acceso a la vivienda, fue calificado en el decreto como una “carga significativa para las finanzas públicas”. Según el Gobierno, el programa presentaba deficiencias en supervisión y control, generando “gastos innecesarios” y fallando en su objetivo de atender al bien común de manera “transparente, ágil y eficiente”.
Hipotecas divisibles
Junto con la disolución del fondo fiduciario que sustentaba Procrear, el Gobierno introdujo un mecanismo de hipotecas divisibles. Esta medida, previamente esbozada en el Decreto 1017/2024, busca dinamizar el mercado inmobiliario facilitando la subdivisión de propiedades en proyectos en desarrollo. La iniciativa está diseñada para incentivar la inversión privada y fomentar la reactivación económica.
Transición y administración de los créditos vigentes
Para garantizar la continuidad de los créditos ya otorgados bajo el Procrear, el Decreto 1018/2024 instruye al Ministerio de Economía a celebrar un contrato con el Banco Hipotecario S.A. El acuerdo asegura que los préstamos seguirán siendo administrados bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato original de fideicomiso firmado en 2012. Además, se autoriza al Ministerio a gestionar los bienes muebles e inmuebles vinculados al programa.
Auditorías y reestructuración estatal
El decreto también destaca la reciente auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre los fondos fiduciarios administrados por el Estado. El informe de la SIGEN subrayó diversos problemas en la ejecución del Procrear, incluyendo demoras en la entrega de viviendas y quejas por condiciones habitacionales inadecuadas. Estos hallazgos fueron determinantes en la decisión de liquidar el programa.
El artículo 1° del Decreto N° 215/2024 había designado al Ministerio de Economía como responsable de todos los fondos fiduciarios con participación estatal, lo que implica un control más riguroso y centralizado de estos recursos.
El Gobierno defendió la medida argumentando que la financiación de viviendas es un rol fundamental de los bancos comerciales, tanto públicos como privados. En este sentido, las reformas estructurales impulsadas por el Banco Central desde diciembre de 2023, como la eliminación de los pasivos remunerados y los esfuerzos por reducir la inflación, proyectan un aumento en la concesión de créditos hipotecarios.
“Dadas las reformas implementadas y los avances en el sistema financiero, no se justifica la intervención estatal en una actividad esencialmente privada”, concluye el decreto.
Con estas reformas, el Ejecutivo busca fortalecer el rol del sector privado en el acceso a la vivienda, promoviendo condiciones más competitivas y sostenibles en el mercado de créditos hipotecarios. Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas, especialmente por parte de sectores que consideran que el Estado debe mantener un papel activo en la promoción de la vivienda como derecho esencial.
