Los contratos firmados a partir del 29 de diciembre de 2023, tras la derogación de la ley, suelen pactarse con libertad contractual y actualizaciones más frecuentes basadas en la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para estos acuerdos, la actualización de febrero se realiza con el último dato oficial disponible —el IPC de diciembre de 2025—, que arroja un incremento mensual de 7,86% en los casos de ajustes trimestrales. En términos concretos, un alquiler de 600.000 pesos pasaría a costar aproximadamente 647.140 pesos bajo esta modalidad.
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Por otro lado, todavía existen contratos que, aunque celebrados bajo libertad contractual, mantienen ajustes por Índice de Contratos de Locación (ICL), el sistema que regía con la ley anterior. En estos casos, la suba calculada para febrero es menor al IPC en términos comparativos: un contrato de 600.000 pesos ajustado según ICL aumentaría alrededor de 6,08% para llegar a un valor cercano a 636.454 pesos.
El nuevo régimen contractual también modifica la incidencia de los contratos que finalizan: muchos de los acuerdos que se habían firmado en febrero de 2023 bajo la ley de alquileres original —con ajustes anuales por ICL— concluyen en estos días. Para quienes renueven o celebren nuevos vínculos, la práctica habitual es acordar actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales, en pesos y atadas a la inflación oficial.
Estas diferencias metodológicas reflejan la evolución del mercado desde la eliminación de la normativa de 2020: mientras que antes los incrementos solían concentrarse en un solo ajuste anual, ahora la diversidad de esquemas genera repeticiones más frecuentes de aumentos pero con porcentajes más moderados por período.
La referencia del IPC para los primeros ajustes del año coloca la suba de febrero en torno a casi 8% para los contratos típicos con revisión trimestral, un nivel que responde directamente a la inflación acumulada de los últimos meses. En contraste, los ajustes por ICL, cada vez menos frecuentes en acuerdos nuevos, muestran incrementos algo menores, lo que refleja tanto el avance del mercado hacia índices ligados más estrictamente a inflación como las diferencias residuales entre una canasta de precios y la otra.
En términos prácticos, estos incrementos se traducen en mayores valores mensuales que los inquilinos deberán pagar desde el inicio del mes, aunque con variaciones importantes según el tipo de contrato. A su vez, la transición generalizada hacia acuerdos basados en libertad contractual e índices de inflación reconfigura la forma en que se negocian y se ajustan los alquileres en Argentina, obligando a inquilinos y propietarios a prestar atención no sólo al monto base sino también al método de actualización pactado.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
