La inversión en infraestructura durante el año 2024 registró el nivel más bajo desde la crisis de la convertibilidad, según un informe de la consultora PxQ, que analiza los gastos de capital ejecutados por el Estado desde 1993 a precios constantes. En este contexto, fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el gobierno de Javier Milei no prevé invertir en obra pública, salvo en casos excepcionales, y apunta a que sean las provincias las que se hagan cargo del desarrollo de infraestructura.
El ajuste del gasto público fue la clave para que el Gobierno alcanzara el superávit financiero en su primer año de gestión. La reducción en la inversión en obra pública fue determinante en este proceso y Javier Milei la calificó como “el recorte más grande de la historia de la humanidad”. De acuerdo con el monitor fiscal elaborado por PxQ, la partida de gastos de capital cayó un 77%, siendo la más afectada. Le siguieron las transferencias a provincias (-68%), otros gastos corrientes (-66%) y subsidios económicos (-34%).
El impacto en la actividad constructora fue severo. Datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) revelaron que en octubre de 2024 se registró una caída del 9,2% en la cantidad de empleadores, lo que se tradujo en la desaparición de unas 4.000 empresas del sector en un año. A su vez, el Instituto Argentina Grande, que agrupa a especialistas del exministro Gabriel Katopodis, calculó que se perdieron 80.000 empleos en el sector en el mismo periodo.
El panorama para 2025
El proyecto de Presupuesto que el Gobierno presentó al Congreso no prevé una mejora significativa para la obra pública en 2025. Se anticipan nuevos recortes en transferencias a provincias y municipios, mientras que la partida de gastos de capital tendría una recuperación mínima en comparación con lo ejecutado en 2024. Sin embargo, dicho proyecto no fue tratado en el parlamento y fuentes de la Casa Rosada confirmaron que Milei descarta un aumento en la inversión en infraestructura. “No pasa solo porque no hay plata, es una concepción de este Gobierno. Salvo contadas excepciones, las obras las tienen que hacer las provincias”, sostuvo un funcionario de Balcarce 50.
Lejos de modificar esta postura, el Gobierno aprovechará el margen fiscal que se genere para reducir impuestos. Un alto funcionario del oficialismo ironizó sobre la situación al afirmar que “cuando se haga la canción de Milei lo hizo, no se mencionarán rutas ni puentes”.
Desde el sector privado, las empresas constructoras manifestaron su preocupación. “Venimos del peor año de la historia del sector, está todo tan roto que lo que viene indefectiblemente tiene que ser bueno”, afirmó Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina.
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción del INDEC reflejó en noviembre una caída del 23,6% interanual. No obstante, empresarios del sector advirtieron que estos números están distorsionados por la actividad en Vaca Muerta, mientras que en el resto del país las caídas fueron más profundas. “Las rutas están destrozadas, la infraestructura está saturada, alguien se va a tener que hacer cargo de esta situación”, sostuvo Fernández, al tiempo que destacó que muchas provincias podrían asumir el rol que el Gobierno nacional abandonó.
El principal pedido de las pymes constructoras es que se tomen definiciones sobre las obras iniciadas durante la gestión anterior. Muchas de estas obras tienen un avance superior al 80% y, si bien ya no esperan que se asignen recursos para finalizarlas, sí exigen que se resuelvan los contratos para evitar seguir afrontando costos como seguros y seguridad sin perspectivas de reactivación. En un año crítico para la construcción, el reclamo de las empresas se centra en la necesidad de certezas que permitan proyectar el futuro del sector.
Con información de Ámbito
