El Gobierno nacional oficializa la segunda etapa de retiros voluntarios en Vialidad Nacional con miras a privatizar el mantenimiento vial

La medida busca reducir la estructura de personal técnico y operativo del organismo estatal para transferir la conservación de las rutas al sector privado.

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó la apertura de una segunda etapa del programa de retiros voluntarios para el personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida, publicada en el Boletín Oficial, profundiza el proceso de reestructuración del organismo encargado de proyectar, construir y conservar la red vial federal, con el objetivo de transferir las tareas de mantenimiento de las rutas nacionales a operadores privados bajo nuevos esquemas de concesión.

Reestructuración del organismo y transición operativa

La resolución administrativa establece las condiciones para el egreso planificado de personal de planta permanente y contratados de Vialidad Nacional. Esta segunda convocatoria técnica de retiros voluntarios apunta a reducir la nómina de ingenieros, inspectores de obra, operarios de maquinaria pesada y personal administrativo del organismo, limitando la capacidad de ejecución directa de obras de bacheo, pavimentación y mantenimiento rutinario que el Estado realizaba por administración.

El plan gubernamental contempla que la conservación de la infraestructura vial de jurisdicción nacional, que abarca más de 40.000 kilómetros de rutas en todo el territorio argentino, sea delegada a empresas constructoras y concesionarias privadas. Este esquema modificará el mercado de la obra pública vial, orientando la inversión hacia contratos de participación público-privada o contratos de recuperación y mantenimiento (Crema).

Impacto en las empresas del sector de la construcción

La redefinición de las funciones de Vialidad Nacional abre un escenario de transición para las empresas constructoras viales y las firmas de ingeniería civil. La privatización del mantenimiento requerirá que las compañías privadas asuman la responsabilidad operativa de los corredores viales, lo que demandará inversiones en equipamiento tecnológico, plantas asfálticas y equipos de auscultación de calzadas para cumplir con los estándares de transitabilidad exigidos.

No obstante, cámaras sectoriales y especialistas en infraestructura advierten que la efectividad de este modelo dependerá del diseño de los pliegos de licitación, la seguridad jurídica de los contratos de largo plazo y la existencia de mecanismos de financiamiento viables para garantizar la continuidad de las obras de arte, repavimentación y señalización en los corredores con menor densidad de tránsito diario medio anual (TDMA), los cuales resultan menos atractivos para la inversión privada directa.

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