La Autoridad Nacional de la Competencia sancionó por $290 millones al Colegio Inmobiliario porteño tras una denuncia de REMAX

El organismo antimonopolio determinó que el CPI aplicó un uso selectivo e inequitativo de sus facultades disciplinarias para obstruir la operatividad y matriculación de profesionales de la red corporativa.

El mercado de servicios inmobiliarios y desarrollo urbano enfrenta un precedente regulatorio de alta relevancia. La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) emitió una resolución mediante la cual determinó que el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CPI, anteriormente CUCICBA) incurrió en un abuso de posición dominante con el objetivo de excluir del mercado a los corredores vinculados a la red REMAX Argentina.

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Fundamentos del fallo y prácticas anticompetitivas

El dictamen de la ANC, derivado de una denuncia formal presentada en 2021 por REMAX Argentina junto a profesionales de su red, concluye que el organismo colegiado empleó sus potestad regulatoria y sancionatoria de manera sistemática y discriminatoria. Según el análisis del ente regulador, se detectó la aplicación de una doble vara administrativa, mediante la cual se penalizó operativamente a los corredores franquiciados mientras que se omitieron fiscalizaciones equivalentes sobre otros actores del sector e incluso sobre integrantes del propio Tribunal de Disciplina del colegio.

La investigación técnica acreditó la imposición de barreras de acceso a la matrícula profesional, así como la restricción arbitraria al uso de herramientas y servicios institucionales indispensables para el ejercicio de la intermediación inmobiliaria.

El fallo remarca la existencia de un conflicto de intereses estructural, dado que las autoridades del colegio que ejercían el poder disciplinario competían de forma directa en el mercado con los profesionales afectados, derivando en un uso selectivo de la estructura institucional para resguardar intereses comerciales particulares.

Sanción económica y marco institucional

Como consecuencia de las infracciones detectadas a la normativa de defensa de la competencia, la ANC dispuso las siguientes medidas directas:

  • Orden de cese inmediato de todas las prácticas discriminatorias y restrictivas contra la red de corredores.
  • Imposición de una multa pecuniaria de $290.010.000 al Colegio Profesional Inmobiliario.

En el marco de sus atribuciones, el organismo de competencia emitió una recomendación técnica dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Legislatura porteña. El objetivo es promover una revisión integral de las barreras de entrada al mercado inmobiliario, garantizar la equidad operativa entre los profesionales del rubro y establecer mecanismos de auditoría externa sobre las facultades delegadas a los colegios profesionales.

Esta resolución representa un punto de inflexión. Defendemos la libertad de trabajo, la competencia y la innovación en el mercado inmobiliario.

Impacto en la cadena de valor del sector inmobiliario

La resolución institucional se produce en un contexto de transformación para la comercialización de activos inmobiliarios y la estructuración de desarrollos urbanos.

El señalamiento de la ANC sobre la necesidad de flexibilizar barreras regulatorias busca dinamizar la oferta de servicios de intermediación, reduciendo fricciones administrativas en la matriculación y fomentando nuevos modelos de gestión operativa dentro del mercado de bienes raíces.

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