La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) encendió una señal de alerta al advertir que Argentina pierde alrededor de 25.000 millones de dólares anuales debido al deterioro y la falta de inversión en infraestructura. El diagnóstico fue presentado en el marco de su Consejo Federal, donde el sector planteó un escenario crítico con impacto directo en la economía.
Según la entidad, el país atraviesa una “emergencia de infraestructura” que no solo afecta a las empresas constructoras, sino que compromete el desarrollo a largo plazo. La falta de mantenimiento en rutas, obras paralizadas y la ausencia de planificación integral generan pérdidas de eficiencia, problemas de seguridad y limitaciones en la competitividad logística.
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El informe también advierte que el deterioro de la infraestructura impacta en múltiples dimensiones, desde la seguridad vial hasta la calidad de vida de la población. En ese sentido, remarcaron que la inversión en este sector no debe ser considerada un gasto, sino una condición necesaria para el crecimiento económico sostenido.
Uno de los puntos críticos señalados por CAMARCO es la paralización de la obra pública, en un contexto donde la construcción se convirtió en una de las variables de ajuste. A esto se suma la caída de la inversión privada, lo que profundiza la retracción de una actividad que tiene efecto multiplicador sobre más de 60 ramas de la economía.
En paralelo, la entidad expuso la preocupación por la deuda del Estado con las empresas constructoras, que genera incertidumbre financiera y pone en riesgo la continuidad de proyectos y puestos de trabajo. También señalaron que existen más de 30.000 kilómetros de rutas que no están concesionadas y dependen del financiamiento público, lo que agrava los problemas de mantenimiento y conectividad.
Frente a este escenario, CAMARCO reclamó la implementación de un plan integral que priorice la infraestructura como política de Estado. Entre las principales propuestas se destacan la reactivación de obras paralizadas, la regularización de deudas, el fortalecimiento de fondos específicos y la promoción de esquemas de financiamiento mixto que incluyan al sector privado.
“El mensaje es claro: la infraestructura no puede seguir siendo una variable de ajuste”, advirtieron desde la entidad, al tiempo que insistieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional que garantice inversiones sostenidas en el tiempo.
Fuente: Pefil
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