El cambio de gestión en diciembre pasado dejó inconclusas 2.308 obras en todo el país. La falta de financiación provincial y la búsqueda de recursos externos paralizaron la mayoría de estos proyectos, mientras las provincias intentan avanzar con sus propios presupuestos.
Al momento del cambio de gestión en diciembre del año pasado, el Gobierno nacional dejó sin concluir 2.308 obras en todo el país, con la mayor parte de ellas en Buenos Aires. Estas obras, que representaban una inversión de casi $310.000 millones, han quedado paralizadas y las provincias no han podido asumir las deudas para continuarlas.
En un intento por solucionar esta situación, el Gobierno nacional firmó 20 convenios con gobernadores para transferir los proyectos a las provincias. Sin embargo, tanto empresas como funcionarios afirman que la ejecución de obras no ha mejorado. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), declaró: “Todo sigue igual, no hay nada”. Según Weiss, se necesitarían al menos $400.000 millones para saldar los pagos pendientes y otros $400.000 millones para retomar las obras.
El informe del ex Ministerio de Obras Públicas indica que la provincia de Buenos Aires tiene 899 proyectos en ejecución, seguida por Córdoba con 197, Entre Ríos con 148 y Santa Fe con 144. La administración de Javier Milei, enfocada en lograr superávit fiscal, decidió dejar de financiar estas inversiones, transfiriendo la responsabilidad a las provincias, que ahora deben encontrar maneras de financiar las obras con sus propios recursos.
Provincias como Santa Fe y San Juan han buscado financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Weiss mencionó que muy pocas obras de financiamiento nacional continúan, especialmente en provincias grandes con recursos propios. Actualmente, 514 obras de Conectividad e Infraestructura Vial, 1.031 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico y 763 de Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado están detenidas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que en el primer semestre del año, la inversión real directa se contrajo un 83,9%, afectando especialmente a la Dirección Nacional de Vialidad (-93,3%) y las obras de infraestructura hidráulica (-96,2%). Según fuentes, Vialidad Nacional necesita $240.000 millones para avanzar en el recapado de 120 rutas a lo largo del país, una cifra considerablemente alta para la mayoría de las provincias.
