El déficit habitacional en Argentina es una problemática que se arrastra desde hace años y afecta a millones de personas. Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el país enfrenta un déficit de 3,24 millones de viviendas, cifra que incluye tanto la falta de hogares como aquellos en condiciones precarias o sin servicios básicos.
A esta situación se suma el fenómeno creciente de la inquilinización. Cada vez más argentinos, especialmente jóvenes, se ven obligados a alquilar en condiciones desfavorables o a continuar viviendo con sus padres debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda propia. Según el último Censo de población y vivienda de 2022, solo el 65% de la población es propietaria de su hogar, un descenso significativo en comparación con el 75% registrado en 2010.
La presión sobre el mercado de alquileres es un reflejo del complejo panorama habitacional. Según datos de la Fundación Tejido Urbano, en Argentina hay una inquilinización muy fuerte. Cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres porque no pueden alquilar, mientras que un 15% de los adultos alquilan, y este número sigue en ascenso.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde solo el 50% de la población tiene una vivienda propia, los alquileres absorben hasta el 40% de los ingresos de la clase media y media baja. En barrios populares y asentamientos, la situación es aún más crítica ya que los alquileres en villas están desregulados, lo que genera precios más altos en comparación con la ciudad formal. En muchos casos, el alquiler representa más del 50% de los ingresos familiares. Esta situación no es ajena a las provincias que registran cifras similares.
Un crédito hipotecario fuera del alcance de la mayoría
Aunque los créditos hipotecarios lanzados recientemente por diversas entidades bancarias ofrecen cierto alivio, su alcance es limitado. Para aquellos que no pueden acceder ni a un crédito ni a un alquiler, las opciones se reducen a vivir en pensiones o en asentamientos informales, donde las condiciones de vida son mucho más duras.
La crisis habitacional también repercute en otros aspectos de la economía doméstica. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el 60% de los inquilinos está atrasado en el pago de los servicios básicos, y muchos hogares han recurrido al endeudamiento para cumplir con el alquiler. Esto obliga a un desplazamiento de las familias hacia zonas más alejadas, donde las condiciones de vida son aún más difíciles.
En este contexto, el déficit habitacional no es solo un problema de infraestructura, sino un reflejo de las crecientes desigualdades sociales y económicas. La necesidad de políticas públicas integrales y sostenidas en el tiempo es urgente para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los argentinos.
