El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que formaba parte del Ministerio de Economía. A partir de ahora, la gestión de los programas y proyectos que dependían de esta cartera quedará en manos de la Secretaría de Obras Públicas.
La decisión se concretó mediante la publicación del decreto 70/2025 en el Boletín Oficial. Con esta medida, la estructura organizativa del Ministerio de Economía quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.
Según lo dispuesto, la Secretaría de Obras Públicas asumirá diversas funciones de la disuelta dependencia. Entre sus nuevos objetivos, se encuentran:
- Entender en la finalización, cierre y transferencia de programas y proyectos en desarrollo territorial, hábitat y vivienda.
- Asistir al ministro en políticas de integración socio-urbana y diseño de estrategias en el ámbito de su competencia.
- Dirigir la formulación y ejecución de la política nacional en integración socio-urbana.
- Diseñar proyectos de conservación, mantenimiento, construcción y reciclaje de infraestructura y espacios públicos.
- Coordinar con organismos nacionales y provinciales en el relevamiento de suelos vacantes y su gestión.
- Celebrar convenios con gobiernos provinciales y municipales, entidades empresarias y universidades para la transferencia de proyectos.
- Asistir al ministro en la política nacional de obras de infraestructura habitacional y regularización del suelo.
Con la disolución de la Secretaría, quedarían sin efecto el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), el programa Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda, entre otros.
Los gremios alertaron que la medida podría implicar el despido de alrededor de 500 trabajadores. La normativa establece que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el decreto 1421/02.
El 13 de noviembre del año pasado, el Gobierno ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012. La medida se oficializó a través del decreto 1018/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
El Ejecutivo sostiene que el acceso a la vivienda propia debe gestionarse de manera privada mediante créditos personales. En esa normativa, argumentó que «la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área».
