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El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue el catalizador de nuevas tensiones. En mayo de 2025, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró un aumento del 3,1%, más que duplicando el 1,5% de inflación general informada para ese mismo período. Este salto evidencia un fenómeno ya detectado por empresarios, gremios y analistas: el costo de edificar en la Argentina se encarece por encima del costo de vida, complicando aún más a desarrolladores, constructores y potenciales propietarios.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en mayo de 2025 una suba del 3,1% respecto al...

La eficiencia energética en la construcción es una de las herramientas más efectivas y directas para reducir el consumo de energía, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar el confort térmico en los hogares y edificios públicos. En este contexto, la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (Andima) lanzó recientemente la segunda edición de su Manual de Aislación Térmica Eficiente (ATE), una guía técnica que sintetiza años de experiencia en el sector y que promueve soluciones prácticas, accesibles y sostenibles para una construcción más responsable.

En un contexto económico donde la incertidumbre tiende a marcar el ritmo de las decisiones, hay una inversión que permanece como sinónimo de solidez y previsibilidad: el ladrillo. La propiedad, entendida como un bien tangible, sigue siendo una de las apuestas más elegidas por quienes buscan estabilidad a largo plazo. Más aún, para muchas personas, especialmente padres y madres con capacidad de ahorro, representa mucho más que una simple adquisición financiera. Es una forma de resguardar el capital, proyectar un legado y asegurar el futuro familiar.

En un contexto económico signado por la escasez de dólares, una economía informal en expansión y una política fiscal con foco en la desregulación, el Gobierno Nacional publicó una nueva resolución que modifica de forma sustancial el umbral a partir del cual deben reportarse ante la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones inmobiliarias. Esta medida, que se inscribe dentro de un paquete más amplio de incentivos para repatriar capitales no declarados, eleva de forma significativa los montos mínimos de compraventa que deben ser informados a dicho organismo.