En una nueva instancia de tratamiento legislativo, la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas abordó el expediente N°856-1-2025, que propone la aprobación de un nuevo Código de Edificación para la capital misionera. La iniciativa, enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, busca reemplazar la normativa actualmente vigente, que data del año 1980, por un marco actualizado y adaptado a los desafíos del urbanismo contemporáneo.
La propuesta de reforma del Código de Edificación se enmarca en una agenda de modernización normativa impulsada por el municipio. La ciudad ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento sostenido, tanto en superficie construida como en densidad poblacional, tipologías edilicias, materiales empleados y dinámicas de construcción. Sin embargo, las normativas técnicas y urbanísticas no acompañaron en igual medida ese proceso. Por ello, el objetivo central del nuevo proyecto es actualizar el marco legal que regula la actividad constructiva, asegurando condiciones de seguridad, habitabilidad, eficiencia y sostenibilidad.
De 1980 al presente: un cambio necesario
El Código de Edificación actualmente vigente en Posadas fue sancionado hace 45 años, en un contexto urbano, social y tecnológico completamente distinto al actual. Desde entonces, se han incorporado nuevos materiales de construcción, métodos constructivos más eficientes, tecnologías digitales aplicadas al diseño y la planificación, y una creciente conciencia ambiental que ha transformado las exigencias hacia la edificación.
En este sentido, la iniciativa municipal no se limita a una mera actualización de lenguaje o articulado, sino que propone una reestructuración integral del cuerpo normativo. Entre los aspectos destacados del nuevo proyecto se incluye la simplificación de trámites administrativos para la obtención de permisos, la incorporación del etiquetado de eficiencia energética para edificaciones, y la inclusión de manuales técnicos que orienten a propietarios, constructores y profesionales sobre los requisitos específicos para distintos tipos de vivienda.
La perspectiva adoptada por el Ejecutivo apunta a una normativa más clara, accesible y adaptada a las prácticas actuales, que permita reducir los conflictos entre los actores del sector y el Estado municipal, fortalecer la seguridad edilicia y fomentar el cumplimiento voluntario a través de la previsibilidad normativa.
Participación ampliada: sector privado y organismos públicos
Una de las principales características del proceso de discusión del nuevo código es la apertura del debate a múltiples actores del ecosistema urbano. En ese marco, los concejales impulsaron reuniones ampliadas en las que participan empresarios del sector inmobiliario y de la construcción, desarrolladores, arquitectos, ingenieros, técnicos, funcionarios provinciales como los del IPRODHA (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) y la UEP (Unidad Ejecutora Provincial), además de representantes municipales de diversas áreas.
El trabajo colaborativo entre el sector público y el privado es considerado clave para lograr una norma consensuada, que contemple tanto los objetivos estratégicos del Estado como las necesidades operativas de quienes construyen la ciudad en la práctica. La participación de colegios profesionales y entidades técnicas también es relevante para asegurar que las disposiciones normativas tengan sustento técnico y sean aplicables en los contextos reales de obra.
El HCD ha comenzado a distribuir el borrador del nuevo Código entre los sectores interesados, con el fin de recibir sugerencias, observaciones y propuestas de mejora. Esta etapa de revisión y ajustes se prevé que continúe durante los próximos meses, antes de la sanción definitiva.
Seguridad, legalidad y previsibilidad: pilares de una ciudad sostenible
Uno de los problemas recurrentes en la gestión urbana de Posadas es la proliferación de obras que no culminan su proceso administrativo con el “final de obra” correspondiente. Esta situación, que se repite en numerosos barrios y desarrollos inmobiliarios, genera múltiples complicaciones legales y técnicas: propiedades que no pueden escriturarse, viviendas que carecen de habilitación formal, ausencia de control sobre las condiciones constructivas y vulnerabilidad ante siniestros o emergencias.
Durante el último año, el Concejo Deliberante aprobó dos ordenanzas que ofrecieron mecanismos de regularización para construcciones que no contaban con final de obra, permitiendo su encuadre bajo determinadas condiciones excepcionales. Estas medidas buscaban sanear el stock edilicio existente antes de la entrada en vigencia del nuevo Código, evitando que propiedades construidas bajo la normativa antigua quedaran sujetas a nuevas exigencias imposibles de cumplir retrospectivamente.
La estrategia apunta a construir un puente entre el pasado y el futuro normativo, ordenando la situación actual sin comprometer los estándares de calidad y seguridad que se proyectan a futuro. En ese sentido, el nuevo código se presenta no solo como una herramienta técnica, sino también como una oportunidad para recomponer la confianza entre los actores del sector y consolidar un marco institucional más transparente y coherente.
Innovaciones técnicas: eficiencia energética, manuales y digitalización
Uno de los aspectos más innovadores del nuevo Código de Edificación es la incorporación del etiquetado de eficiencia energética como requisito en los procesos de habilitación de viviendas. Este sistema, ya aplicado en otras jurisdicciones del país y del mundo, permite clasificar los edificios según su desempeño energético, promoviendo el uso racional de recursos, la reducción del consumo eléctrico y el ahorro en climatización.
La inclusión de esta herramienta responde a una mirada de sostenibilidad urbana que trasciende lo meramente constructivo y se alinea con los objetivos globales de mitigación del cambio climático, eficiencia en el uso de la energía y promoción de estándares de calidad ambiental.
Otra novedad importante es la elaboración de manuales técnicos de construcción, que acompañarán al nuevo Código con orientaciones claras sobre cómo ejecutar obras según los distintos tipos de edificaciones. Estos documentos, pensados como guías prácticas, buscan reducir las ambigüedades normativas, facilitar el cumplimiento por parte de pequeños y medianos constructores y mejorar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos.
Además, se proyecta una mayor digitalización de los procesos administrativos, incluyendo la presentación de planos, solicitudes de permisos y seguimiento de expedientes a través de plataformas digitales. Este cambio representa una mejora significativa en términos de agilidad, trazabilidad y acceso a la información.
Comunicación y cultura normativa: claves para evitar conflictos
Uno de los factores que el proyecto busca corregir es la desconexión entre la normativa y los actores que la deben cumplir. En la actualidad, muchos conflictos entre propietarios, desarrolladores y la municipalidad surgen por desconocimiento o malinterpretación de las reglas vigentes. Las obras que se inician sin permisos, las edificaciones que exceden los parámetros autorizados, o las construcciones sin final de obra son situaciones frecuentes que terminan en clausuras, sanciones o conflictos judiciales.
Desde el Concejo Deliberante y las áreas técnicas del municipio se insiste en la necesidad de fortalecer los canales de comunicación con los profesionales del sector, generar instancias de capacitación y promover una cultura del cumplimiento preventivo, en lugar de un enfoque exclusivamente sancionatorio.
El nuevo Código buscará entonces establecer reglas claras, de fácil comprensión y acceso, que puedan ser consultadas digitalmente, con lenguaje técnico pero accesible. La idea es que tanto un arquitecto como un propietario sin formación específica puedan conocer de antemano los requisitos para cada tipo de obra, anticiparse a posibles observaciones y evitar sanciones costosas.
Etapas legislativas y cronograma de implementación
Aunque el proyecto del nuevo Código de Edificación aún se encuentra en etapa de revisión y ajuste, se prevé que durante los próximos meses la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo emita un dictamen que habilite su tratamiento en el recinto. Tras la eventual aprobación por mayoría, el texto final deberá ser publicado en el Boletín Oficial para entrar en vigencia, lo cual podría ocurrir entre dos y tres meses después del cierre del proceso legislativo.
En paralelo, el municipio trabaja en la adecuación de sus sistemas internos y en la formación de personal técnico para aplicar la nueva normativa. También se prepara material informativo para la ciudadanía, con el objetivo de que las modificaciones no generen confusión ni demoras en los trámites habituales.
La transición desde el viejo código al nuevo requerirá un período de adaptación y ajustes, tanto en el plano normativo como en el cultural. Sin embargo, desde todos los sectores involucrados se coincide en que la actualización es necesaria y oportuna, en una ciudad que ha cambiado radicalmente desde 1980 y que necesita herramientas modernas para planificar su crecimiento de manera ordenada, segura y sustentable.
Un paso hacia una ciudad más planificada y habitable
La aprobación del nuevo Código de Edificación marcará un hito en la planificación urbana de Posadas. No se trata solo de una reforma técnica o administrativa, sino de un instrumento clave para construir una ciudad más ordenada, eficiente y pensada a largo plazo. El crecimiento urbano demanda cada vez más estándares de calidad, seguridad y sustentabilidad, que deben estar respaldados por normas claras y actualizadas.
En ese camino, el diálogo entre el Estado, los profesionales, los empresarios y los vecinos es indispensable para lograr consensos duraderos. La experiencia reciente demuestra que, cuando se diseñan políticas públicas con participación amplia y se trabaja sobre la base de la transparencia y el conocimiento técnico, los resultados benefician a toda la comunidad.
Posadas se encuentra ante una oportunidad histórica para reorganizar su estructura normativa en materia edilicia, regularizar su parque construido y sentar las bases de un crecimiento armónico, que contemple tanto la inversión privada como el interés público. Un código moderno, preventivo y participativo puede ser una de las herramientas más poderosas para alcanzar ese objetivo.
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