En el marco del reciente blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció la habilitación del Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI), una medida orientada a promover inversiones en el sector de la construcción. Este registro permitirá canalizar fondos regularizados hacia obras nuevas o con un grado de avance de hasta el 50%, sin la necesidad de abrir una cuenta especial y sin costos adicionales.
La normativa, que forma parte del Régimen de Regularización de Activos de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, entrará en vigencia mediante la Resolución General Nº 5549/24, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Según precisó la AFIP, los proyectos que podrán ingresar en el REPI incluyen tanto inversiones directas como indirectas en la construcción de edificios residenciales y no residenciales, loteos de terrenos, reformas, ampliaciones e instalaciones. Además, se contemplan los contratos de locación de obras en inmuebles destinados a fines industriales, productivos, comerciales o de vivienda.
Florencia Misrahi, titular de la AFIP, explicó que «los sujetos alcanzados por la medida son los inversores directos, desarrolladores, constructores y contratistas de obras», quienes deberán asociar una cuenta bancaria a su titularidad para recibir los fondos regularizados. Esta medida está alineada con la reciente Comunicación “A” 8090 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que facilita la recepción de fondos sin necesidad de abrir una Cuenta Especial de Regularización.
Además de la creación del REPI, la AFIP intensificó los controles en el sector de la construcción a través de operativos que incluyeron relevamientos de información y la verificación de la registración de empleados, inversores y escribanos. Como resultado de estas acciones, el organismo identificó a 188 inversores relevantes que están inscriptos solo como monotributistas, así como a otros 135 sujetos que operan fuera del sistema formal, habiendo invertido en conjunto más de 6.000 millones de pesos. Asimismo, se detectó que más del 50% de los trabajadores del sector presentan irregularidades en su registración, con un 20% sin declarar y un 30% percibiendo parte de su salario de manera informal.
