El Gobierno avanzará con la eliminación de un artículo clave en la ley de obras públicas para permitir la participación de empresas ajenas al sector en las licitaciones estatales. Hasta ahora, solo las grandes constructoras podían acceder a estos contratos, favorecidas por un sistema que limita la competencia. La medida busca abrir el juego y permitir que nuevas empresas, incluso extranjeras, ingresen al mercado.
El presidente Javier Milei, junto con el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, decidió derogar el artículo 13° de la ley 13.064, vigente desde 1947. Este artículo creaba el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, que hasta hoy funciona como requisito de entrada para participar en licitaciones. Según fuentes oficiales, el registro será reemplazado por una declaración jurada que simplificará el proceso: las empresas que aseguren capacidad para construir podrán competir sin restricciones, asumiendo las consecuencias si incumplen.
“La cartelización es evidente. Mientras más obras realiza una empresa, más posibilidades tiene de obtener nuevas adjudicaciones. Esto limita la competencia y fomenta acuerdos de precios entre los grandes jugadores”, explicaron desde el ministerio. La modificación permitirá que empresas no constructoras participen directamente, contratando a terceros si es necesario. Así, compañías con interés en desarrollar infraestructura para sus propios proyectos podrían ingresar al sistema.
Además, esta medida facilitará el ingreso de empresas extranjeras, ampliando aún más el espectro de participantes en futuras licitaciones. Según el Gobierno, el actual sistema obstaculiza el ingreso de nuevos actores, perpetuando un modelo que favorece a los mismos protagonistas.
El impacto en el presupuesto de obra pública
En paralelo, el Gobierno también tomó decisiones que impactan en los fondos destinados a la obra pública. A través de un decreto reciente, la Secretaría de Obras Públicas debió devolver al Tesoro Nacional un billón de pesos originalmente destinados a proyectos de infraestructura. Esta medida refleja la postura de Milei de reducir al mínimo el gasto público en este sector, incluso cuando los fondos habían sido recaudados con un fin específico.
La reestructuración de los recursos incluyó una reducción del porcentaje destinado a obras de vivienda social, administrado por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y la eliminación de la mayor parte de los recursos que el impuesto PAIS destinaba a infraestructura económica. Estas decisiones consolidaron un cambio radical en las prioridades presupuestarias, dejando a los constructores históricos con escasas perspectivas de nuevos proyectos financiados por el Estado.
Con estas medidas, el Gobierno busca desarmar lo que denomina «el club de la obra pública», una red históricamente vinculada a prácticas de cartelización y corrupción, según expuso el propio ministro. En 2025, muchos de los integrantes de este circuito enfrentarán juicios por su participación en el caso conocido como «los cuadernos de las coimas», lo que subraya el contexto de transformación que impulsa la administración actual.
