El gobierno de Javier Milei prepara un nuevo conjunto de medidas de desregulación que impactará en el mercado inmobiliario, el sistema de seguros y el mercado de capitales. Las iniciativas forman parte de la agenda económica impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y buscan profundizar la apertura iniciada tras la aprobación de la Ley Bases.
Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que el objetivo central es “eliminar barreras burocráticas y regulaciones que encarecen operaciones o limitan la competencia”. En esa línea, el plan prevé ampliar la libertad de funcionamiento en distintos sectores: facilitar la emisión de acciones y bonos en el mercado de capitales; habilitar nuevos actores en seguros para aumentar la competencia y reducir costos; y revisar la intermediación inmobiliaria para abaratar y simplificar las operaciones.
Cambios en el mercado inmobiliario
El sector inmobiliario será uno de los más afectados por esta etapa de desregulación. Tras la derogación de la Ley de Alquileres a fines de 2023, el Ejecutivo busca avanzar sobre los procesos de compraventa y sobre el esquema de intermediación profesional.
Un eje central será la digitalización total de la escrituración, implementando un sistema de firma digital y registro remoto que permitirá realizar transferencias de dominio sin presencia física, reduciendo tiempos administrativos y costos operativos.
El Gobierno también analiza revisar los aranceles notariales, eliminando honorarios fijos y permitiendo acuerdos libres entre las partes, ya que los gastos de cierre pueden representar entre el 7 % y el 10 % del valor de la propiedad, cifra considerada elevada en comparación con otros países.
La reforma más profunda se centra en la intermediación inmobiliaria. Según fuentes vinculadas al proceso, el plan oficial busca eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional, transformando el corretaje en un servicio comercial sin necesidad de colegiación ni exigencias académicas específicas.
Jorge Amoreo Casotti, CEO de la proptech PINT, identificó cinco ejes principales de la desregulación:
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Eliminación de la matrícula obligatoria y del título universitario.
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Fin del monopolio de los colegios profesionales y de su rol sancionador.
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Eliminación de restricciones geográficas para operar entre jurisdicciones.
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Derogación de sanciones por ejercer sin matrícula.
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Supresión de aranceles mínimos y honorarios fijos.
La propuesta incluye además la creación de la figura del agente inmobiliario, con capacitaciones breves de cuatro a seis meses que otorguen certificación para operar en el sector bajo un marco más flexible que el sistema actual de colegiación.
Más competencia en seguros de caución
El paquete contempla también cambios en los seguros de caución, utilizados como garantía en contratos de alquiler. Actualmente concentrados en pocas compañías, se busca permitir que bancos y otros actores financieros puedan ofrecer estas pólizas, con el objetivo de aumentar la competencia, reducir costos y ampliar la oferta para inquilinos.
Mercado de capitales más flexible
En el mercado de capitales, la propuesta apunta a simplificar la emisión de instrumentos financieros como acciones y bonos, creando un segmento con menos regulaciones que facilite la inversión privada y canalice ahorro hacia la economía real sin trámites complejos.
Debate y resistencias
Las reformas anticipan un debate intenso en el sector inmobiliario. Mientras algunos actores valoran la apertura de la competencia y la reducción de costos, entidades del sector y colegios profesionales advierten sobre la pérdida de controles y estándares profesionales.
Nancy Vieitez, presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), sostuvo que la matrícula protege al consumidor y garantiza la formación y responsabilidad profesional en las operaciones. Recordó además que intentos previos de desregulación, como el decreto 2484 de 1991 impulsado durante la gestión de Domingo Cavallo, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.
Amoreo Casotti sostuvo que el corretaje debe considerarse un servicio de intermediación comercial y no necesariamente una profesión universitaria. A su criterio, abrir el mercado permitiría mayor competencia, reducir costos para compradores, vendedores e inquilinos, y facilitar el ingreso de nuevos actores al sector.
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