El Gobierno nacional evalúa implementar un esquema de pago mediante bonos para saldar deudas con empresas constructoras vinculadas a obras públicas, en un contexto marcado por la caída de la recaudación y las restricciones fiscales.
La iniciativa, que aún se encuentra en análisis, fue confirmada por fuentes del sector de la construcción y contempla la emisión de un instrumento financiero para cancelar compromisos pendientes tanto de contratos recientes como de obras impagas desde 2023.
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El plan surge ante las dificultades del Estado para afrontar pagos en efectivo, en un escenario en el que los ingresos tributarios acumulan varios meses de retroceso. Según datos del sector, la recaudación llegó a registrar caídas superiores al 7% interanual en términos reales, lo que impacta directamente en la disponibilidad de fondos del Tesoro.
En paralelo, desde el Ministerio de Economía analizan una arquitectura similar a otros instrumentos ya utilizados, con la posibilidad de que estos bonos puedan negociarse en el mercado secundario y sean aceptados de manera voluntaria por las empresas.
El monto total de la deuda a regularizar rondaría los 200 millones de dólares, concentrado principalmente en obras viales y ferroviarias, mientras que otros segmentos —como proyectos hídricos— podrían tener esquemas de pago diferenciados.
La propuesta se da en el marco de una política más amplia de ajuste del gasto público impulsada por la administración nacional, que desde el inicio de la gestión decidió frenar la mayor parte de la obra pública y revisar los proyectos en ejecución.
Sin embargo, la alternativa de pago con bonos genera incertidumbre en el sector constructor. Empresas nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) expresaron dudas sobre el valor real de estos instrumentos y su cotización, que podría ubicarse por debajo de su valor nominal, lo que implicaría una pérdida para los acreedores.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
