La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC expuso una disputa sobre el nuevo mecanismo para calcular la inflación y generó una polémica que volvió a poner en discusión la credibilidad de las estadísticas oficiales. La decisión de Javier Milei y Luis Caputo de postergar la publicación del método actualizado del IPC dejó en pausa una serie de cambios que el organismo tenía previsto implementar.
Antecedentes y tensiones internas del INDEC
La salida de Lavagna sorprendió dentro del INDEC, aunque los cruces con la Casa Rosada no eran nuevos. En marzo del año pasado, según un informe enviado al Congreso, ya se habían completado los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC. Desde entonces, solo faltaba el aval político para su difusión, incluida dentro de los compromisos asumidos por el Gobierno con el FMI. Finalmente, el organismo informó en octubre que la medición se difundiría con el índice de inflación de enero.
La tensión se profundizó en diciembre, cuando la Secretaría de Turismo cuestionó la metodología utilizada para medir el gasto de los turistas y decidió dar de baja un convenio de 600 millones de pesos anuales que financiaba el informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI).
Al mismo tiempo, dentro del INDEC existía malestar por la falta de recomposición salarial. Los ingresos iniciales rondan los 700 mil pesos y gran parte de los empleados percibe un promedio de 1,3 millones de pesos, lo que generó preocupación sobre la pérdida del poder adquisitivo y las modalidades laborales precarias.
Cambios en las mediciones pendientes
Pedro Lines asumirá la dirección del INDEC en este contexto y deberá definir cómo avanzar con la actualización de indicadores proyectada para este año. Entre las iniciativas más importantes se encontraba la actualización del método para calcular el Índice de Precios al Consumidor, adaptando la metodología a la encuesta nacional de gastos 2017/2018 y reemplazando la anterior de 2004/2005, para reflejar comportamientos más recientes de los hogares.
Asimismo, se proyectaba un ajuste de las canastas que determinan los umbrales de ingresos utilizados para medir la pobreza e indigencia, aunque esta modificación no tenía fecha específica. También se planeaba una revisión metodológica del Índice de Salarios para renovar la estructura de ponderadores al año 2022, eliminar el rezago de cinco meses para el sector privado no registrado e incorporar nuevos grupos ocupacionales, con un plazo hasta junio de 2026.
Por otra parte, el INDEC tenía previsto retomar la estimación de la productividad con asistencia del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando datos de stock de capital, generación del ingreso y demográficos del Censo 2022. Con la misma información también se proyectaba diseñar una nueva muestra de viviendas urbanas para mejorar la representatividad de las encuestas a hogares y ampliar la base metodológica para recopilar datos. Finalmente, se esperaba actualizar el sistema informático para calcular el Índice del Costo de la Construcción y optimizar la verificación de precios y el cálculo de este indicador.
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