El gobierno de Javier Milei continúa implementando medidas de ajuste fiscal con el objetivo de lograr el déficit cero en las cuentas públicas. Según datos proporcionados por la Jefatura de Gabinete al Congreso, el presupuesto asignado para la obra pública durante 2024 experimentó una ejecución alarmantemente baja. A pesar de contar con créditos presupuestarios por más de 247 mil millones de pesos, solo se devengaron un poco menos de 59 mil millones, lo que equivale al 24% del total, lo que demuestra la magnitud del recorte en infraestructura.
Esta situación refleja un panorama de ajuste generalizado que afecta no solo a las obras a nivel nacional, sino también a las transferencias a provincias. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), cerca del 24% del ajuste fiscal aplicado por el gobierno se sustenta en la drástica reducción de los gastos en jubilaciones, mientras que otro 23,6% proviene de la poda de obras públicas. De esta manera, más de la mitad del ajuste se ha centrado en estos dos rubros clave para el funcionamiento del Estado.
Desajustes en la ejecución de obra pública
La ejecución de obra pública muestra disparidades marcadas entre las distintas jurisdicciones del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la ejecución de las obras alcanza un 82%, un porcentaje notablemente superior al del resto del país. Este elevado porcentaje se debe principalmente a las obras del proyecto de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ya ha recibido casi la totalidad de los fondos previstos, con 18.796 millones de pesos desembolsados de los 20.213 millones presupuestados.
Sin embargo, el panorama cambia radicalmente en la provincia de Buenos Aires, que apenas ha ejecutado un 3,7% del presupuesto para obras públicas. De los 44.839 millones de pesos asignados, solo se destinaron 1.700 millones a obras. Entre los proyectos más afectados están los de saneamiento, infraestructura del conocimiento, y obras viales, como la crucial obra del paso a nivel en el partido de Almirante Brown, que requiere 10.077 millones de pesos para su concreción, pero que ha recibido solo 432 millones.
El caso de Córdoba presenta una excepción en el ajuste. La provincia ha logrado ejecutar más fondos de los que estaban originalmente presupuestados, alcanzando una ejecución superior al 100%. Esto se debe a que la provincia financió a través del Tesoro Nacional obras de saneamiento que no tenían fondos asignados en las planillas originales. En contraste, otras provincias como La Pampa, Santa Cruz, San Juan y Río Negro no han ejecutado ningún peso en obras públicas desde la Casa Rosada.
Transferencia de obras a las provincias
Uno de los pilares del ajuste fiscal implementado por el gobierno de Milei es la transferencia de obras a las provincias. Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo ha puesto en marcha negociaciones con los gobernadores para que ellos asuman el financiamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura. Este proceso de “reescritura” de contratos busca reducir el gasto público del gobierno nacional y aliviar la carga sobre el presupuesto nacional.
A mitad de año, la Secretaría de Obras Públicas determinó que solo el 15% de las obras de infraestructura que estaban en ejecución seguirían siendo financiadas con fondos nacionales. De este modo, alrededor de 2.000 proyectos fueron cancelados, postergados sin fecha precisa, o transferidos a las provincias. Esta reducción drástica de los proyectos de obra pública afecta directamente el nivel de actividad en el sector de la construcción, que ya venía mostrando señales de desaceleración.
Impacto en la actividad económica
El recorte en las obras públicas ha tenido un impacto significativo en el sector de la construcción. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y septiembre de 2024, la construcción acumula una caída del 29,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, los últimos datos muestran una ligera recuperación. Según una encuesta realizada por la consultora LCG, el 70% de las empresas que realizan obras privadas y el 51% de las que se dedican a obras públicas prevén que la situación se mantendrá estable.
Este ajuste fiscal también ha tenido una consecuencia lateral importante: el reclamo de las empresas constructoras, agrupadas en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), por las deudas pendientes por certificados de avance de obras. El monto total de estas deudas se estima en unos 400.000 millones de pesos, una cifra que el equipo económico del gobierno niega conocer en detalle. Sin embargo, durante las reuniones entre ejecutivos del sector y el Ministerio de Economía, la discusión sobre estas deudas apareció con insistencia.
El gobierno reconoció, en su informe de Jefatura de Gabinete, una deuda por certificación de obras a través de Vialidad Nacional que asciende a 134.248 millones de pesos. En este contexto, el Ejecutivo aseguró que se están evaluando los contratos y la situación de los posibles incumplimientos, y que se buscará actuar de manera equitativa y transparente. Para ello, se firmaron Acuerdos Marco de Colaboración con las provincias, con el objetivo de establecer un marco de cooperación que respete los derechos de los contratistas y las necesidades de la infraestructura pública.
Proyecciones para 2025
El futuro cercano no parece ofrecer un panorama de mejoras en el gasto en obra pública. En el Presupuesto 2025, que fue presentado al Congreso, se estima que el gasto de capital ascenderá a 4,277 billones de pesos. Esto representaría un crecimiento real del 6,8% si se descuenta la inflación. Sin embargo, este aumento nominal contrasta con la tendencia general observada desde el inicio de la actual gestión, que muestra una desaceleración en la inversión pública.
El presupuesto de 2025 contempla un aumento nominal en las partidas para Vialidad Nacional del 68%, lo que llevaría el total a más de 1 billón de pesos. Cerca de tres cuartas partes de estos fondos estarán destinados a la construcción y el mantenimiento de rutas. Además, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento recibirá un aumento del 63%, lo que elevará sus partidas a 108.000 millones de pesos.
Este panorama de ajuste fiscal, en el que la obra pública y las jubilaciones juegan un papel crucial, es parte de la estrategia del gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal, pero también refleja la difícil situación que atraviesan las provincias y el sector de la construcción. El futuro de las obras y proyectos de infraestructura en el país dependerá de la capacidad de las provincias para asumir estos compromisos y de la voluntad del Ejecutivo de garantizar el financiamiento necesario para no agravar aún más el déficit de infraestructura.
