Los inquilinos que firmaron contratos de alquiler bajo la Ley 27.551, conocida por actualizar el precio anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL), enfrentan en noviembre un aumento del 226%. Esta actualización se basa en un índice que combina la inflación y los salarios, lo que ha provocado que el ajuste supere incluso la inflación interanual, que se situó en 209%.
Pese a la derogación de dicha ley en diciembre pasado mediante un mega DNU impulsado por el gobierno de Javier Milei, los contratos en curso deben ser respetados hasta su vencimiento. Esto significa que los términos y condiciones establecidos al firmar el acuerdo seguirán vigentes hasta la finalización del mismo, lo que incluye los ajustes anuales del alquiler.
Un ejemplo claro de este aumento es el caso de una persona que firmó su contrato el 1 de noviembre de 2023. Si durante el primer año pagaba $150.000 mensuales por su vivienda, a partir de noviembre de 2024 su renta se ajustará a $489.900, y este monto se mantendrá hasta noviembre de 2025, cuando el contrato llegue a su fin.
La Ley de Alquileres había establecido un mecanismo de actualización anual que debía aplicarse a todos los contratos bajo su marco legal. Para este ajuste, se utiliza el ICL, índice elaborado por el Banco Central, que considera tanto la evolución de los precios (IPC) como los salarios (RIPTE). Este sistema de actualización, aunque criticado por inquilinos y propietarios, fue diseñado para reflejar el impacto de la inflación y los aumentos salariales.
