A pesar del incremento en la producción de hidrocarburos no convencionales en Argentina, la cadena de valor que sostiene las obras de infraestructura y servicios registra un severo deterioro financiero. Un relevamiento privado sobre 4.545 empresas proveedoras del sector de petróleo y gas determinó que el 26% (1.180 firmas) presenta al menos una señal de riesgo financiero o previsional. El impacto es severo en el segmento de construcción e infraestructura, donde la incidencia de empresas con irregularidades asciende al 33,3%.
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Divergencia entre la actividad extractiva y la obra civil
El estudio sectorial elaborado por la firma Fidelitas evidencia una brecha entre la expansión de los reservorios no convencionales y la realidad de las empresas contratistas. Entre enero de 2023 y agosto de 2026, mientras el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un avance del 0,1% y la actividad de Energía y Minería creció un 21,8%, la industria de la construcción experimentó un retroceso del 24,3%.
Esta contracción en la obra pública y privada en general contrasta con la exigencia operativa en las cuencas operativas. Pese a que la extracción no convencional creció un 60,8% entre 2023 y 2025, el índice de actividad de los servicios de apoyo registró una caída promedio anual del 12,5%, afectando la rentabilidad de las empresas encargadas de la infraestructura de superficie, ductos y movimiento de suelos.
Deuda previsional y responsabilidad solidaria en contratistas
Uno de los hallazgos del informe técnico es la vulnerabilidad en los controles tradicionales de contratación. Un total de 785 proveedores presenta aportes impagos a la seguridad social. De este grupo, 530 empresas no registran antecedentes de cheques rechazados ni alertas en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), permaneciendo invisibles ante las auditorías crediticias bancarias convencionales.
Esta situación impone un riesgo legal para los desarrolladores, contratistas principales y empresas operadoras de infraestructura bajo el marco normativo vigente.
“La situación tiene implicancias directas para operadoras y contratistas principales. Desde la entrada en vigencia de la Ley 27.802, quienes contratan trabajos correspondientes a su actividad normal y específica deben exigir las constancias mensuales de pago a la seguridad social del personal de sus contratistas, bajo el régimen de responsabilidad solidaria previsto por la normativa. En este escenario, el monitoreo de la salud financiera de los proveedores deja de ser exclusivamente una herramienta de evaluación crediticia y se convierte también en un instrumento de gestión de contingencias y cumplimiento”, afirmó Félix El Idd, CEO de Fidelitas.
Impacto geográfico y escala de las empresas de infraestructura
La concentración del riesgo es superior en los distritos con mayor despliegue de obras asociadas a los yacimientos. En los nueve municipios y provincias productoras analizados, el 39% de los proveedores presenta irregularidades, frente al 21,1% en el resto del país. En las provincias de Neuquén y Río Negro, donde se focalizan las principales obras de transporte de fluidos y facilidades de producción, la incidencia alcanza el 41% y el 40,2% respectivamente.
Por escala operativa, las micro y pequeñas empresas (PyMEs) de la construcción y servicios conexos representan el 55,3% del total de firmas afectadas (653 proveedores). La incidencia alcanza al 30,5% de las pequeñas empresas y al 30,2% de las microempresas, en comparación con el 11,1% registrado en las grandes corporaciones del sector.
Riesgo operativo y distorsión de plazos contractuales
El informe detalla que el número de proveedores en Situación 5 del BCRA (máximo nivel de morosidad) pasó de 90 a 161 empresas. Aunque el monto total de la deuda bancaria consolidada descendió de US$ 108,37 millones a US$ 42,76 millones, el incremento en el número de firmas insolventes incrementa la probabilidad de paralización de frentes de obra e interrupción de suministros.
Asimismo, las cámaras del sector reportan exigencias de reducción de hasta un 23% en los montos de los contratos vigentes, junto con plazos de negociación de adendas contractuales que se extienden entre tres y seis meses. En el marco de los regímenes de incentivo a las grandes inversiones (como el RIGI), que imponen porcentajes mínimos de contratación local, la fragilidad financiera de las empresas de construcción e ingeniería nacionales representa un cuello de botella para la ejecución oportuna de los proyectos planificados.
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