Intendentes y comerciantes de Misiones rechazaron el nuevo peaje proyectado sobre la Ruta 12 en Garuhapé

Jefes comunales, concejales y representantes de los sectores comercial, industrial y productivo del departamento Libertador General San Martín formalizaron su rechazo a la estación de cobro que el Gobierno nacional proyecta instalar en Garuhapé. Advirtieron por el impacto económico y cuestionaron la legalidad de la iniciativa.

Intendentes del departamento Libertador General San Martín, junto con concejales y representantes del sector comercial, industrial y productivo, expresaron de manera conjunta su rechazo a la instalación de un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12, proyectado por el Gobierno nacional a la altura de Garuhapé. El planteo quedó formalizado durante una reunión realizada en Puerto Rico.

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; El Alcázar, Eduardo Vázquez; Garuhapé, Gerardo Schmied; Capioví, Ramón Arrúa; Ruiz de Montoya, Víctor Vogel; y Puerto Leoni, Elvio Vázquez. También estuvieron integrantes de los concejos deliberantes, el diputado provincial Alejandro Arnhold y representantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento.

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Los representantes suscribieron un documento en el que manifestaron su “profunda preocupación” por la iniciativa y advirtieron que una nueva estación de cobro afectaría especialmente a trabajadores, estudiantes, productores, comerciantes y transportistas que utilizan diariamente ese corredor.

El proyecto contempla instalar la estación en el kilómetro 1483 de la Ruta 12, en Garuhapé. Inicialmente se había evaluado ubicarla en Capioví, en el kilómetro 1462. De concretarse la nueva localización, quedaría a unos 68 kilómetros del peaje que actualmente funciona en Colonia Victoria, situado en el kilómetro 1551.

En el documento, los firmantes cuestionaron el esquema de financiamiento vial impulsado por Nación y apuntaron al destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles.

“El Gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12”, señalaron.

Los representantes municipales y empresariales también pusieron el foco sobre la cercanía entre las estaciones previstas sobre el corredor. “Inicialmente en Capioví (Km 1462), pero luego optó por colocarla en Garuhapé (Km 1483), a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria (Km 1551)”, remarcaron.

Cuestionamientos sobre la legalidad del sistema

Uno de los principales argumentos planteados por los firmantes se refiere a la ausencia de caminos alternativos gratuitos y a lo que consideran una doble imposición sobre quienes utilizan la Ruta 12.

“Lo más grave aún es que el sistema proyectado es inconstitucional, ya que no existen caminos alternativos libres de pago y que se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”, expresa el documento.

Los dirigentes citaron además el artículo 75 de la Constitución Nacional y el principio de legalidad tributaria. En ese contexto, sostuvieron que “no hay tributo sin ley” y concluyeron: “Por ende, resulta inconstitucional el sistema que se está llevando adelante”.

El documento también cuestiona el posible impacto sobre derechos vinculados con el tránsito y la propiedad. “Se vulnera el derecho a transitar libremente (Artículo 14 de la Constitución Nacional) y con esto el derecho de propiedad (Artículo 17 de la Constitución Nacional)”, afirmaron, y añadieron: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima”.

El planteo incluyó además una advertencia respecto de las consecuencias que tendría el costo adicional sobre la actividad productiva y el transporte de mercaderías.

“De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia”, indicaron los firmantes.

También sostuvieron que “la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo” y que el sistema tampoco garantizaría mejoras en materia de seguridad vial ni una reducción efectiva de los costos del transporte.

Reclamo por el estado de las rutas nacionales

Los intendentes y representantes de las actividades económicas vincularon el rechazo al peaje con la situación de la infraestructura vial nacional en Misiones y reclamaron mayores inversiones para mantener los corredores existentes. “Es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional”, sostuvieron.

Imagen ilustrativa de la Ruta Nacional 14 en Corrientes.

En el mismo documento cuestionaron el destino de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles y afirmaron que los recursos recaudados son utilizados para otros fines diferentes al mantenimiento de la infraestructura vial.

El reclamo sintetizó la posición de los municipios y sectores económicos de la zona: “Los misioneros necesitamos rutas seguras, que resguarden nuestras vidas, y no una casilla de peaje que atente contra los bolsillos de quienes trabajan, estudian, comercian y producen. Necesitamos obras, mantenimiento e inversión vial, en lugar de la imposición de nuevas cargas”.

Además, incorporaron al planteo otras demandas históricas de infraestructura para Misiones, entre ellas el gasoducto, la hidrovía, una tarifa energética diferenciada, redes ferroviarias y autovías.

La nueva estación forma parte del esquema de la Red Federal de Concesiones y funcionaría con tecnología “free flow”, mediante identificación y cobro automático, sin barreras físicas. El denominado Tramo Noreste prevé una concesión por 20 años e incluye la Ruta 12 desde Puerto Iguazú hasta el empalme con la Ruta Nacional 118, además del Acceso Sur de Posadas y la Ruta Nacional 105

La oposición a la iniciativa ya había sumado pronunciamientos de intendentes, cámaras empresariales y del gobernador Hugo Passalacqua. Tras la reunión en Puerto Rico, los firmantes dirigieron un pedido a funcionarios y legisladores nacionales: “Solicitamos a los funcionarios y legisladores nacionales que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa”.

Según expresaron, el proyecto “profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

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