El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Iniciativa Privada para impulsar obras de infraestructura, pero el sector de la construcción se muestra escéptico debido a la baja rentabilidad de muchos proyectos y las condiciones económicas que dificultan el financiamiento.
Mediante el decreto 713/2024 publicado en el Boletín Oficial, se realizó la reglamentación del Régimen de Iniciativa Privada, una normativa que se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo económico del país. A pesar de la propuesta, que se basa en la premisa de que el mercado es más eficiente en la asignación de recursos, el sector empresarial de la construcción expresó sus dudas respecto a la viabilidad y rentabilidad de este mecanismo, especialmente en las regiones más alejadas de los grandes centros urbanos.
Según fuentes del sector, son pocos los proyectos de infraestructura que podrían ser rentables para la explotación privada, lo que pone en entredicho la eficacia del Régimen de Iniciativa Privada como motor de obras a nivel nacional. Los empresarios señalan que, aunque algunos proyectos cercanos a áreas de alta densidad poblacional, como autopistas de alto tránsito, podrían resultar lucrativos, la mayoría de las obras necesarias en provincias más alejadas no ofrecerían un retorno adecuado para las empresas.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación de este régimen, y los proyectos podrán ser presentados tanto por el Gobierno como por empresas privadas, las cuales deberán justificar el interés público de sus propuestas. No obstante, las empresas promotoras que presenten una iniciativa estarán obligadas a participar en un llamado a licitación para competir con otras firmas, y deberán contratar un seguro equivalente al 0,5% del valor de la obra como garantía de su participación. Si no lo hacen, la póliza será ejecutada.
Este esquema presenta similitudes con el Programa de Participación Público Privada (PPP) que intentó implementar el gobierno de Mauricio Macri, pero que fracasó debido, entre otros factores, a la inestabilidad económica del país en ese entonces. Empresarios consultados indicaron que los mismos problemas persisten hoy, como la alta inflación y el cierre del financiamiento debido a la alta sobretasa de riesgo país, lo que hace prácticamente imposible que una empresa argentina pueda avanzar en el financiamiento de grandes obras de infraestructura.
En las últimas semanas, trascendió que Vialidad Nacional estaría evaluando el inicio de unas 120 obras a lo largo del país, cada una con un valor aproximado de $2.000 millones, lo que implicaría una inversión total de $240.000 millones. Sin embargo, los empresarios consideran que la ejecución de estas obras será muy difícil bajo el esquema propuesto por el Gobierno, debido a las condiciones económicas adversas que limitan el acceso al financiamiento.
