La presentación del proyecto de Presupuesto 2025 desató una nueva disputa en torno a la asignación de partidas, con especial foco en la obra pública. Según representantes del sector de la construcción, el presupuesto destinado no será suficiente ni para mantener las obras actuales. “El presupuesto asignado no alcanza ni para sostener las obras existentes”, advirtieron.
Este reclamo se enmarca en una discusión más amplia que involucra al Gobierno nacional, el sector de la construcción y los gobernadores provinciales. La subejecución de la obra pública fue una constante en los últimos años, como parte de la política de la actual gestión para mantener el superávit fiscal. “Estimamos que hasta agosto se ha ejecutado solo el 30% del presupuesto asignado para este rubro, y calculamos que alcanzará un 45% como máximo a fin de año”, señalaron fuentes del sector.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) proyecta que la inversión real directa de la Nación cerrará el año con una caída interanual del 46,4%, siendo una de las partidas más recortadas junto con las transferencias de capital, que sufrirían un ajuste de casi el 83%. Ambos rubros también sufrirían una disminución en 2025, con una baja interanual del 6,8%, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), lo que continuaría la tendencia de reducción observada desde el inicio de la actual administración.
A pesar de estas proyecciones, la consultora EPyCA, alerta que el aumento previsto para la inversión real directa en 2025, de un 24,7%, no será suficiente para revertir la situación. «Las partidas priorizadas serán aquellas que no sufrieron ajustes durante 2024», señala el análisis, mencionando que sectores como la obra pública, jubilaciones y transferencias a provincias no recuperarán sus niveles previos.
El impacto en el mercado laboral de la construcción ya es significativo, con la pérdida de 120.000 empleos en el sector, un récord que podría agravarse. «No sabemos cómo evolucionará esta cifra con los montos proyectados», advierten desde la actividad.
Además, la participación del financiamiento para gasto de capital en el PBI se reduciría del 1,6% al 0,7% en 2025, lo que achicaría aún más el peso de la obra pública en las cuentas del Estado. “Entendemos la necesidad de priorizar la macroeconomía, pero el recorte nos afecta gravemente”, señaló una fuente del sector.
En paralelo, los gobernadores provinciales también plantearon la necesidad de cumplir con los convenios firmados entre Nación y las provincias para el traspaso de obras públicas, ya que los números presupuestarios no parecen coincidir con lo pactado.
En este contexto, el sector de la construcción no espera grandes mejoras en los datos de agosto, ya que, aunque el indicador ISAC mostró un repunte del 8% en julio, la caída anual sigue siendo elevada, con un descenso del 20,4%.
